La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado a conocer este viernes la nueva propuesta del Ejecutivo comunitario para otra ronda de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania, poniendo esta vez el acento en su “flota fantasma” utilizada para exportar petróleo, en su sistema financiero y en sus ventas al exterior.
Este vigésimo paquete de medidas se ha anunciado en paralelo a las conversaciones de paz a tres bandas en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Ahora corresponde a los Veintisiete examinar y aprobar estas sanciones, que Bruselas quiere tener listas coincidiendo con el cuarto aniversario del ataque ruso contra territorio ucraniano.
El nuevo conjunto de sanciones contempla la prohibición total de los servicios marítimos vinculados al petróleo ruso, con el objetivo de recortar de forma más drástica los ingresos energéticos de Moscú e impedir que pueda seguir colocando su crudo en la Unión Europea mediante buques con bandera de países terceros.
Esta iniciativa se ha diseñado en estrecha coordinación con otros socios alineados con la UE, tras ser tratada en una reunión del G7, dado que “el transporte marítimo es un negocio global”, según ha recordado la propia Comisión Europea en un comunicado.
Bruselas también plantea añadir 43 buques adicionales a su “lista negra”, hasta alcanzar 640 embarcaciones pertenecientes a la “flota fantasma” rusa con la que Moscú intenta esquivar las restricciones europeas a la exportación de energía. A la vez, propone trabas adicionales a la compra de petroleros por parte de Rusia y vetos amplios al mantenimiento de sus buques metaneros y rompehielos.
En paralelo, el Ejecutivo comunitario ha sugerido medidas para “restringir aún más el sistema bancario ruso” y su capacidad para “crear canales de pago alternativos” con los que sostener su economía, como sanciones a otros 20 bancos regionales rusos, además de castigos a empresas y plataformas de compraventa y uso de criptomonedas, una vía habitual para esquivar las sanciones.
“Este es el punto débil de Rusia, y estamos presionando con fuerza para solucionarlo”, ha indicado la Comisión, que ha añadido que está investigando a varias entidades financieras de terceros países implicadas en facilitar el comercio ilegal de bienes sujetos a sanciones.
Sanciones más estrictas sobre el comercio y las exportaciones
El tercer bloque de este vigésimo paquete se centra en reforzar las limitaciones a las exportaciones hacia Rusia mediante nuevas prohibiciones de bienes y servicios, que abarcan desde caucho hasta tractores y servicios de ciberseguridad, por un valor superior a 360 millones de euros.
La propuesta añade además vetos a la importación de metales, productos químicos y minerales críticos que aún no estaban bajo sanción, con un impacto económico estimado de más de 570 millones de euros.
Igualmente, se prevén nuevas restricciones a la salida de artículos y tecnologías que Rusia emplea en el frente, como materiales para la fabricación de explosivos, y se plantea fijar un cupo de amoníaco para limitar las importaciones actuales procedentes del país gobernado por Vladimir Putin.
Bruselas ha destacado también una nueva iniciativa para dejar clara su “determinación de reducir la evasión de sanciones”, mediante la activación por primera vez de su herramienta antielusión. Entre otras medidas, se prevé prohibir la exportación de “cualquier aparato de control numérico computarizado”, así como de equipos de radiofrecuencia que puedan servir de vía indirecta para que estos productos acaben en Rusia burlando las restricciones.
Por último, la propuesta de la Comisión incorpora “salvaguardas jurídicas más fuertes” para blindar a las empresas europeas frente a vulneraciones de sus derechos de propiedad intelectual o frente a “expropiaciones injustas” en Rusia derivadas de “sentencias judiciales abusivas” dictadas como represalia por las sanciones.