Al menos 28 personas han perdido la vida y cerca de 40 han resultado heridas tras un asalto lanzado por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra la localidad de Mustariha, un enclave estratégico bajo control de Musa Hilal, destacado dirigente de las milicias yanyauid en el estado de Darfur Norte.
Así lo ha hecho público en redes sociales la Red de Médicos de Sudán, que ha detallado que todas las víctimas son “civiles” y que entre los 39 heridos figuran diez mujeres, aunque ha advertido de que el balance podría incrementarse al tratarse de un informe “preliminar”.
La organización ha condenado “enérgicamente” la ofensiva “generalizada” de las RSF, a las que acusa de haber “sembrado el terror entre los residentes” mediante un ataque dirigido contra “objetivo instalaciones sanitarias”. “Esto ha provocado una gran ola de desplazamientos a las aldeas y asentamientos cercanos, en medio de unas condiciones humanitarias ya de por sí desesperadas”, ha añadido.
La Red de Médicos de Sudán ha insistido en que estas acciones constituyen “un delito en toda regla y una violación flagrante de todas las leyes humanitarias e internacionales que penalizan los ataques contra civiles”.
Según las informaciones disponibles, las fuerzas paramilitares lanzaron este lunes una ofensiva coordinada contra Mustariha desde distintas direcciones, empleando numerosos vehículos armados e infantería, y prendieron fuego a varias viviendas. Fuentes citadas por el diario “Sudan Tribune” han indicado que durante la operación habrían capturado a uno de los hijos de Hilal, apenas un día después de que este fuera objetivo de un intento de asesinato.
Este influyente líder tribal, que en el pasado fue asesor del entonces presidente sudanés Omar Hasán al Bashir, se distanció posteriormente del régimen con la creación en 2014 de la milicia Consejo Revolucionario del Despertar y declaró recientemente su respaldo al Ejército sudanés.
Hilal fue sancionado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en 2006 por su presunta implicación en violaciones de Derechos Humanos en Darfur y detenido en 2017 tras choques entre sus hombres y las RSF, en otro tiempo aliadas de las Fuerzas Armadas. El Consejo Soberano de Transición le concedió el perdón en 2021.
Este martes, el Consejo de Seguridad de la ONU ha expresado su “profunda preocupación” por la “continua” violencia en Sudán, con especial atención a los estados de Darfur y Kordofán, y ha reclamado a las RSF y a las Fuerzas Armadas sudanesas que detengan “de inmediato” las hostilidades.
El órgano, integrado por 15 países, ha condenado “enérgicamente” los ataques contra civiles y contra infraestructuras civiles y humanitarias, y ha mencionado los “múltiples” incidentes que han afectado al Programa Mundial de Alimentos (PMA) desde comienzos de febrero. “Los ataques deliberados contra el personal humanitario, sus instalaciones y bienes pueden constituir crímenes de guerra”, ha advertido.
Asimismo, los miembros del Consejo han exigido a “todas” las partes enfrentadas que “protejan a la población civil”, respetando el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario, así como los compromisos asumidos en la Declaración de Yeda de 2023.
Nuevas sanciones contra mandos de las RSF
Paralelamente, el Consejo de Seguridad ha incorporado a cuatro comandantes de las RSF a su lista de sanciones, lo que conlleva la imposición de prohibiciones de viaje y la congelación de sus activos. Entre ellos figura Abdelrahim Hamdan Dagalo, ‘número dos’ de la organización armada y hermano del líder de los paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti.
Las medidas punitivas alcanzan también a Gedo Hamdan Ahmed, comandante de las RSF en Darfur Norte; a Al Fatí Abdulá Idris, general de brigada apodado ‘Abú Lulu’ —que llegó a ser detenido por las propias RSF tras aparecer en vídeos sobre la ejecución sumaria de personas en El Fasher, capital de Darfur Norte—; y a Tijani Ibrahim Musa Mohamed, comandante de campo conocido como ‘Al Zeir Salem’.
Con anterioridad, la Unión Europea (UE) y Estados Unidos ya habían dictado sanciones contra varios de estos responsables, incluido el hermano de “Hemedti”, por su implicación en abusos de Derechos Humanos en El Fasher, ciudad tomada por las RSF a finales de octubre de 2025 tras casi año y medio de asedio y ataques, a lo que siguió la comisión de numerosos crímenes.
La guerra civil en Sudán estalló por las profundas discrepancias sobre el proceso de integración de las RSF en el Ejército regular, lo que hizo descarrilar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya muy debilitada después del golpe que en 2021 apartó del poder al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.
El conflicto, en el que varios países han intervenido apoyando a uno u otro bando, ha sumido a Sudán en una de las peores crisis humanitarias del planeta, con millones de desplazados y refugiados y una creciente alarma internacional por la expansión de enfermedades y la destrucción de infraestructuras esenciales, que impide asistir a cientos de miles de personas afectadas.