Un tribunal surcoreano ha impuesto este viernes una pena de cinco años de prisión al expresidente destituido Yoon Suk Yeol, tras considerarle responsable de varios de los cargos presentados en su contra por la declaración de la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024, una decisión que acabó provocando su cese meses más tarde.
Entre los delitos por los que ha sido condenado figuran obstrucción a la justicia —relacionada con el bloqueo reiterado de su propia detención—, abuso de poder, así como falsificación y destrucción de documentos oficiales. La sentencia también recoge la “violación del derecho constitucional de los ministros”, a quienes Yoon habría impedido “deliberar sobre la imposición de la citada ley”.
“Durante la investigación, el acusado utilizó a agentes del Servicio Secreto para obstruir la ejecución de una orden judicial en su contra por parte de la agencia investigadora”, ha sentenciado el Tribunal del Distrito Central de Seúl, según la agencia de noticias Yonhap.
De acuerdo con el fallo, Yoon “convirtió a estos agentes, leales a la República de Corea, en soldados rasos utilizados para su propia seguridad y beneficio personal”, lo que, a juicio de los magistrados, constituye un claro abuso de poder. Los jueces han recalcado que “la naturaleza de estos delitos es muy grave” y han tenido en cuenta “las circunstancias que condujeron a cometer estos delitos y los detalles específicos del mismo”. También han censurado que el exmandatario “inventara constantemente excusas difíciles de aceptar y no mostrara ningún atisbo de reflexionar sobre sus faltas”.
El tribunal ha incidido en que la ley marcial es una herramienta de emergencia “extremadamente excepcional que solo puede invocarse cuando no hay otra manera de superar una crisis nacional”, y no para obtener ventajas políticas o esquivar investigaciones, como se le reprocha al expresidente. Su defensa ha anunciado que recurrirá el veredicto.
En esta línea, el juez Baek Dae Hyun ha recordado que “el hecho de que la Constitución exija específicamente la deliberación sobre la declaración de la ley marcial busca prevenir el abuso de poder presidencial y controlar la toma de decisiones unilateral. Por lo tanto, el presidente debe, incluso más que en las reuniones ordinarias del Gabinete, escuchar atentamente las opiniones de todos sus miembros y actuar con gran cautela”.
“Pero Yoon, de una manera sin precedentes, notificó solo a algunos miembros del Gabinete sobre la reunión para proclamar la ley, violando así la Constitución y vulnerando el derecho a deliberar de los miembros del Gabinete que no fueron notificados”.
Otros cargos y procesos pendientes
En cuanto a la obstrucción a la justicia, los magistrados han determinado que el exjefe de Estado “abusó de su inmensa influencia como presidente para bloquear la ejecución de la orden de detención en su contra, en su propio beneficio, por lo que convirtió el servicio de seguridad de la Presidencia en su guardia privada”.
“Sin embargo, el acusado sigue ofreciendo excusas inverosímiles sobre este aspecto”, ha añadido Baek, quien ha detallado que se ha concluido que Yoon alteró documentos relativos a la declaración de la ley para que “pareciera que se había proclamado legalmente el 3 de diciembre”. “Esto es una clara manipulación que busca el Estado de Derecho”, ha afirmado.
Pese a ello, la corte ha absuelto a Yoon de los cargos por los que se le acusaba de ordenar supuestamente a funcionarios de la Presidencia filtrar a los medios documentos con “falsas afirmaciones” destinadas a justificar sus actuaciones.
El exmandatario encara varios procesos judiciales asociados a la proclamación de la ley marcial, siendo el más relevante el de insurrección. La Fiscalía ha solicitado la pena capital para Yoon, en un juicio cuyo veredicto se espera para el 19 de febrero.
La ley marcial decretada en diciembre de 2024 fue revocada a las pocas horas por la Asamblea Nacional, que aprobó una resolución reclamando su anulación. En las semanas posteriores, los diputados votaron a favor de su destitución y, en abril de 2025, Yoon fue apartado definitivamente del cargo después de que el Tribunal Constitucional ratificara el proceso de impeachment.