Federica Mogherini, ex Alta Representante de la UE, y Stefano Sannino, anterior subordinado de Josep Borrell en el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE), han sido arrestados en relación con un supuesto fraude en la creación de la academia diplomática europea. Este caso también involucra al Colegio de Europa en Brujas y la sede del SEAE en Bruselas, ambas instituciones objeto de registros por parte de la Fiscalía Europea (EPPO).
El periódico belga ‘L’Echo’ reveló que Mogherini, quien en 2020 se convirtió en rectora del Colegio de Europa, figura entre las personas retenidas por la policía en esta operación. Posteriormente, se confirmó la detención de Sannino, quien previamente ocupaba el cargo de secretario general del SEAE bajo la dirección de Borrell y actualmente es director general para Oriente Próximo y Norte de África en la Comisión Europea, junto con el subdirector del Colegio de Europa.
La EPPO indicó que la operación se desencadenó por un presunto fraude que implicaba la formación de jóvenes diplomáticos con financiación europea. A petición de la EPPO, la policía belga efectuó registros en diversas ubicaciones, incluyendo el Colegio de Europa y la sede del SEAE, culminando con la detención de tres sospechosos.
En una conferencia de prensa, Anitta Hipper, portavoz de Exteriores, confirmó los registros en la sede del servicio diplomático europeo, aunque no ofreció detalles adicionales, mencionando que los hechos estaban relacionados con la gestión previa de Borrell en el SEAE.
La investigación de la EPPO se centra en la adjudicación de la Academia Diplomática de la UE al Colegio de Europa, destacando irregularidades como la posible violación de la competencia leal y la filtración de información confidencial durante el proceso de licitación para el curso académico 2021-2022.
Los hechos investigados corresponden al período en que la diplomacia europea estaba bajo la dirección de Borrell, con Mogherini al frente del SEAE. Antes de los registros, la EPPO había solicitado con éxito la suspensión de la inmunidad de los implicados. Estos incidentes fueron notificados a la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF) por posibles delitos de fraude en contratación pública, corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional.