Diez gobiernos occidentales han reclamado a Israel que incremente de forma notable el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ante las intensas lluvias e inundaciones que azotan el territorio, así como que habilite más pasos fronterizos y garantice que las organizaciones puedan trabajar de manera “sostenida” pese a las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.
Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han alertado en un comunicado conjunto de que 1,3 millones de personas requieren “apoyo urgente” en materia de refugio y alojamiento.
“Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones”, han recalcado, subrayando el deterioro de los servicios básicos.
Aunque la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de hambruna en Gaza, los firmantes recuerdan que la mayor parte de la población sigue afrontando “a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.
“Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario”, han añadido, insistiendo en la necesidad de eliminar las trabas a las importaciones consideradas “de doble uso”, que hoy restringen la entrada de material médico y de refugio.
Los países firmantes han valorado positivamente la apertura parcial del paso de Allenby/Rey Husein, que enlaza Jordania con Cisjordania y permanece bajo control israelí, pero han lamentado que “otros corredores sigan estando cerrados o restringidos”, entre ellos el de Rafá, cuya reapertura estaba prevista en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza.
También han avisado de que las nuevas exigencias de registro dictadas por Israel podrían forzar, a partir del 31 de diciembre, el cierre de numerosas ONG que operan tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría “graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria”.
“Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida”, han precisado, remarcando además que resulta esencial que Naciones Unidas y sus socios mantengan su “labor vital” sobre el terreno.
En paralelo, los diez países han pedido a las milicias palestinas que entreguen el cuerpo del último rehén que aún permanece en Gaza y han reclamado que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se “desarme y renuncie a la violencia” conforme al plan de paz planteado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
El Ministerio de Exteriores de Israel ha respondido calificando la nota conjunta de “falso” y asegurando que “refleja un patrón recurrente de críticas imparciales y exigencias unilaterales a Israel, ignorando deliberadamente el requisito esencial” del desarme de Hamás, al que considera “indispensable para la seguridad de Israel y la región”.
“La declaración ignora abiertamente la mejora significativa de la situación humanitaria en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, una mejora lograda gracias a los amplios esfuerzos de Israel, junto con Estados Unidos, y a pesar de los incansables intentos de Hamás de desviar la ayuda humanitaria hacia fines terroristas a expensas de la población civil”, ha añadido el departamento.
Desde el 10 de octubre está en vigor un frágil alto el fuego en Gaza, marcado por las acusaciones cruzadas de Israel y Hamás de obstaculizar la hoja de ruta acordada para poner término a más de dos años de ofensiva sobre el enclave palestino, que ha causado ya más de 71.000 fallecidos y una profunda crisis humanitaria.
Tras la liberación de los rehenes prevista en la primera fase del plan de paz, la segunda contempla, entre otros puntos, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para prevenir nuevos choques armados, aunque la milicia palestina ha dejado entrever que no está dispuesta a abandonar las armas.