La Administración de Donald Trump ha anunciado este miércoles sanciones contra la relatora de Naciones Unidas en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, al acusarla de haber llevado a cabo una «campaña de guerra política y económica» contra Estados Unidos e Israel que «ya no será tolerada».
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha explicado en un comunicado que las medidas contra Albanese tienen lugar «por sus ilegítimos y vergonzosos esfuerzos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes».
Asimismo, el jefe de la diplomacia estadounidense ha recordado que «ni Estados Unidos ni Israel son parte del Estatuto de Roma», por lo que ha considerado que la labor «sesgada y maliciosa» de la relatora constituye «una grave violación de la soberanía de ambos países».
Rubio ha acusado además a Albanese de manifestar «un antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel y Occidente» lo que, según ha indicado, explica que recomendara al TPI emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
El titular de la cartera ha asegurado que Washington «siempre apoyará» a sus socios «en su derecho a la legítima defensa» y ha prometido «seguir tomando las medidas necesarias para responder a la persecución judicial y proteger nuestra soberanía y la de nuestros aliados».
Albanese, una de las figuras a nivel internacional más críticas con las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza y en Cisjordania, ha reaccionado a la medida «sin comentarios sobre las técnicas de intimidación al estilo mafioso».
Preguntada por la cadena de televisión panárabe Al Yazira, ha asegurado que se mantiene «ocupada recordando a los Estados miembros (de la ONU) su obligación de detener y castigar el genocidio y a quienes se benefician de él».
AMNISTÍA DEFIENDE LA LABOR DE ALBANESE
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha reaccionado a la medida de Washington, mostrándose «consternada» y ha defendido que Albanese «trabaja incansablemente para documentar e informar sobre la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio de Israel, basándose en el Derecho Internacional».
«Recordamos que los relatores especiales son expertos independientes. No son nombrados para complacer a los gobiernos ni ser populares, sino para cumplir con su mandato», ha manifestado a través de su perfil en la red social X.
Por último, ha sostenido que «los gobiernos de todo el mundo y todos los actores que creen en el orden basado en normas y en el Derecho Internacional deben hacer todo lo posible para mitigar y bloquear el efecto de las sanciones contra Albanese y, a nivel general, para proteger la labor e independencia de los relatores especiales».