El proceso judicial por el grave accidente de tren ocurrido en febrero de 2023 en la localidad griega de Tempe, en el que murieron 57 personas, ha quedado aplazado este lunes hasta el próximo 1 de abril. La vista apenas había comenzado en la ciudad de Larisa cuando, tres años después del suceso que se ha convertido en el peor siniestro ferroviario del país, el tribunal decidió suspenderla.
La presidenta del tribunal, Georgia Stefanidou, optó por posponer el arranque del juicio en medio de una sesión marcada por la tensión, en la que los familiares de las víctimas irrumpieron con gritos y abucheos al entender que la sala "no cumple con las necesidades" del caso debido a sus reducidas dimensiones.
Los asistentes han calificado de "lamentable" lo ocurrido y han insistido en que la sala designada para el juicio "no cumple con las condiciones mínimas necesarias" para un proceso que consideran de enorme trascendencia, según recoge el diario griego 'Ta Nea'. Las deficiencias quedaron en evidencia cuando numerosos familiares no pudieron acceder al interior.
"¡Qué vergüenza!", clamaron muchos de ellos, que llevan tres años aguardando el inicio del procedimiento. Los letrados que representan a las víctimas han denunciado "chantajes" y alertan de una posible "violación del principio de juicio justo" ante las circunstancias en las que se pretende celebrar el proceso.
Treinta y seis procesados y riesgo de cadena perpetua
Mientras crece el malestar y los allegados de las víctimas cuestionan el rumbo de las pesquisas, que a su juicio no señalan a los verdaderos responsables del siniestro, un total de 36 acusados –entre los que no figuran cargos políticos– deberán responder ante la Justicia griega a partir de la próxima semana.
De ellos, 33 se enfrentan al delito de "interferir de forma peligrosa en el transporte ferroviario", un cargo que podría derivar en penas de cadena perpetua. A estas imputaciones se suman acusaciones por homicidio involuntario y negligencia, de acuerdo con la información del diario griego 'Kathimerini'.
Por la dimensión del caso y el elevado número de testigos –más de 350– y de procesados, se espera que el juicio se prolongue durante un largo periodo. Entre quienes deberán comparecer figuran supervivientes, familiares de fallecidos, particulares, directivos de empresas, representantes sindicales y responsables de distintas entidades.
Investigaciones paralelas y responsabilidades políticas
En paralelo, las autoridades han iniciado una causa contra el exministro de Transporte Kostas Karamanlis por presunto incumplimiento de deber. En Atenas ya se ha puesto en marcha otro procedimiento contra la Autoridad Nacional de Transparencia por el retraso en la ejecución de un proyecto financiado por la UE destinado a modernizar la red ferroviaria griega y sus sistemas de control remoto.
El principal procesado es el jefe de la estación de Larisa, acusado de desviar un tren de pasajeros a una vía incorrecta, lo que provocó la colisión frontal con un convoy de mercancías. También afrontan cargos otros dos jefes de estación por, supuestamente, abandonar su puesto antes del final del turno, así como el responsable de inspección local de la operadora nacional OSE.
El siniestro se produjo cuando el tren de pasajeros cubría el trayecto entre Atenas y Salónica y desencadenó una oleada de protestas en todo el país, donde muchos ciudadanos lo interpretaron como la consecuencia de décadas de abandono y falta de inversión en el sistema ferroviario por parte de las autoridades.