La Knesset, el Parlamento de Israel, ha dado su visto bueno este lunes, por 64 votos a favor y 48 en contra, a la llamada Ley de Pena de Muerte para Terroristas. Se trata de una reforma que prevé la ejecución por ahorcamiento y en secreto para delitos de terrorismo, pero en la práctica restringida a palestinos, al quedar fuera cualquier ciudadano israelí, algo que ha generado fuertes críticas por su carácter abiertamente discriminatorio.
La nueva normativa solo tendrá vigencia en los tribunales militares de Cisjordania, instancias que únicamente juzgan a acusados palestinos, mientras que los israelíes, incluidos los colonos asentados en el territorio ocupado, continúan siendo procesados por la justicia civil.
Aunque el articulado general aparenta abarcar a toda la población bajo jurisdicción israelí, una de sus cláusulas precisa que la pena capital se aplicará únicamente a quienes “causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel”, formulación que, en la práctica, deja fuera a cualquier persona de ideología sionista incluso si comete actos de la misma naturaleza.
La ley reduce de forma drástica el margen de discrecionalidad de los jueces, autoriza ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone a los condenados un régimen de aislamiento casi absoluto. Además, permite dictar la pena de muerte por mayoría simple del tribunal, en lugar de la unanimidad exigida hasta ahora, y elimina la posibilidad de presentar recurso de apelación.
El texto no se aplicará con efecto retroactivo a quienes fueron detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, la Knesset tramita en paralelo otra propuesta legislativa que sí contempla la imposición de este castigo “a posteriori”.
La votación se ha producido tras casi doce horas de debate parlamentario ininterrumpido. “Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, ha afirmado el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, citado por el diario ‘The Times of Israel’.
Ben Gvir ha sido el principal promotor de esta reforma, que finalmente ha contado con el respaldo del partido Likud, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu —presente en el hemiciclo durante la votación—, así como del partido opositor Yisrael Beitenu. También han dado su apoyo las formaciones ultraortodoxas Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
Reacción de la Autoridad Palestina
La Presidencia de la Autoridad Palestina ha expresado su “condena y rechazo” a la nueva legislación israelí, a la que califica de “racista” y “una flagrante violación del derecho internacional humanitario”.
En su valoración, esta medida constituye un “crimen de guerra” contra la población palestina y se enmarca en una escalada de acciones represivas en Cisjordania y la Franja de Gaza. La Presidencia subraya que “estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirán de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.
El comunicado insta además a la comunidad internacional a asumir sus obligaciones y a “tomar medidas serias, hacer que Israel rinda cuentas e imponer sanciones por sus crímenes contra el pueblo palestino, tales como torturas, aislamiento en solitario y asesinato sistemático de prisioneros”. A su juicio, la norma vulnera la Cuarta Convención de Ginebra sobre garantías individuales y derecho a un juicio justo, así como la Convención Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos.
Críticas de organizaciones de derechos humanos
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos han reaccionado con dureza. “Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial”, ha denunciado Suhad Bishara, director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah.
Adalah recuerda que extender la legislación interna israelí a la población palestina residente en Cisjordania “es una flagrante violación del derecho internacional” porque la Knesset “no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada”. Por ello, la organización ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo israelí “com custión de máxima urgencia”.
La entidad sostiene que la norma “es una de las más violentas y discriminatorias” aprobadas en Israel. “Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo detención israelí tan ampliamente documentada”, ha advertido Adalah.