El Parlamento de Venezuela ha dado este jueves su visto bueno definitivo a la ley de amnistía promovida por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una norma que permite la excarcelación de personas acusadas por delitos cometidos desde 1999.
La iniciativa ha sido refrendada con el apoyo unánime de la cámara presidida por Jorge Rodríguez, quien ha aprovechado su intervención para “saludar y felicitar la actitud, la disposición, la fuerza y el espíritu de convivencia que ha demostrado esta comisión especial”, así como al conjunto de los miembros de la Asamblea Nacional.
Los diputados han avalado el texto en su segunda discusión, pospuesta anteriormente por las tensiones entre el bloque oficialista y la oposición en torno a un artículo que exigía que los beneficiarios se pusieran “a derecho”, es decir, a disposición de las autoridades competentes. A pesar de estas fricciones, en la primera sesión parlamentaria los legisladores acordaron por unanimidad hasta seis artículos de la llamada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
La versión finalmente aprobada mantiene la obligación de que las personas privadas de libertad que quieran acogerse a la amnistía se presenten ante las autoridades, aunque introduce la posibilidad de que quienes se encuentran en el exilio puedan ser representados por un letrado o letrada de su “confianza y elección” mientras se tramita el expediente. Del mismo modo, se prohíbe la detención de los potenciales beneficiarios mientras dure la tramitación.
La norma se circunscribe a hechos vinculados a trece acontecimientos recogidos en el artículo 8, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002 y 2003, el referéndum revocatorio de 2004 contra Chávez y diversas oleadas de protestas antigubernamentales registradas en 2007, 2013, 2017 y 2024.
En cualquier caso, quedan expresamente fuera del alcance de la amnistía los delitos de “corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes”.
El articulado contempla además la puesta en marcha de una comisión especial encargada de supervisar la aplicación de la ley y garantizar su ejecución, un órgano de seguimiento que deberá informar sobre el cumplimiento del nuevo marco jurídico. El texto ya ha sido remitido a la jefatura del Estado para su promulgación y posterior publicación en la gaceta oficial venezolana.
Durante el debate, Jorge Rodríguez también ha aludido a la ley contra el odio por la convivencia democrática, admitiendo que “hubo situaciones de mala utilización” de esta normativa y abriéndose a una reforma de la misma, que contempla penas de hasta 20 años de cárcel.
“El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley”, ha indicado, antes de reconocer los errores en su aplicación, algo que “tiene que ser corregido” por la comisión de seguimiento.
La ONG Foro Penal, que cifra en 448 las personas consideradas presos políticos puestas en libertad desde el pasado 8 de enero, ha reaccionado a la aprobación de la amnistía subrayando que “los crímenes contra la humanidad jamás prescriben”. Su director, Alfredo Romero, ha criticado que la norma “es bastante restrictiva” porque “excluye” a perseguidos políticos “detenidas, incluso muchas de ellas arbitrariamente”.
Así lo ha manifestado en un vídeo difundido en redes sociales, en el que horas antes había pedido “recibir con optimismo” la propuesta, aunque insistiendo en la necesidad de “seguir presionando por la liberación de todos los presos políticos”.
Al mismo tiempo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos ha comunicado que los familiares de los reclusos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), conocida como zona 7, en Caracas, han decidido poner fin a la huelga de hambre que mantenían desde hacía más de cinco días, alegando “grave desgaste físico y a ausencia total de respuestas por parte de las autoridades”.
La propuesta de amnistía fue presentada a finales de enero por la que fuera ‘número dos’ del presidente Nicolás Maduro, actualmente recluida en una prisión de Nueva York tras ser capturada por Estados Unidos en un ataque sobre Caracas y sus alrededores a comienzos de 2026.