El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dictaminado este martes en contra de la prohibición vigente en Colorado sobre las terapias de conversión sexual dirigidas a jóvenes y menores, en una resolución que supone un nuevo revés judicial para la comunidad LGTBI en pleno Día Internacional de la Visibilidad Trans.
La resolución, respaldada por ocho magistrados de perfil conservador y con el único voto en contra de la jueza liberal Ketanji Jackson, da la razón a la demanda de la terapeuta evangélica Kaley Chiles, que se ampara en la Primera Enmienda de la Constitución al considerar que la norma vulnera su libertad de expresión e impide abordar abiertamente con sus pacientes las terapias de conversión sexual.
En el texto de la sentencia, redactado por el juez Neil Gorsuch, se subraya que la normativa de Colorado “no solo prohíbe intervenciones físicas”, sino que también “censura la libertad de expresión” de quienes apoyan las terapias de conversión, prácticas orientadas a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona desde una perspectiva de fe cristiana.
“(La Primera Enmienda) refleja, en cambio, la convicción de que todo estadounidense posee un derecho inalienable a pensar y hablar libremente, y una fe en el libre intercambio de ideas como el mejor medio para descubrir la verdad. Por muy bien intencionada que sea, cualquier ley que suprima la libertad de expresión en función del punto de vista representa un ataque flagrante contra ambos compromisos”, destaca el fallo.
La decisión del Supremo no anula de forma inmediata la prohibición aprobada en 2019, que continúa en vigor, pero obliga a que la ley regrese a las instancias judiciales inferiores para un nuevo examen detallado que podría tener consecuencias en otros estados del país.
En declaraciones a las puertas del tribunal, Chiles, representada por la organización ultraconservadora Alliance Defending Freedom, ha sostenido que “los temas de género y sexualidad surgen con frecuencia en sesiones de terapia con mis clientes, y la ley de Colorado pondría el foco en cada conversación que tuviera con mis clientes menores de edad, amenazándome con una multa de 5.000 dólares, la suspensión de mi práctica profesional y la pérdida de mi licencia”.
Por su parte, Polly Crozier, directora de Familia en Glad Law, colectivo defensor de los derechos LGTBI, ha advertido en un comunicado que el pronunciamiento “deja una vía abierta” para que los estados permitan “prácticas dañinas, sin escrúpulos y engañosas” que “separan a los progenitores de sus hijos y ponen en riesgo a los jóvenes” de la comunidad LGTBI.
“La evidencia es clara de que las prácticas de conversión conducen a un aumento de la ansiedad, la depresión y la tendencia al suicidio. Esta es una práctica peligrosa que ha sido condenada por todas las asociaciones médicas importantes del país”, ha señalado.
Las terapias de conversión sexual han sido rechazadas por la mayoría de las entidades médicas de referencia, entre ellas la Asociación Médica Estadounidense, la Asociación Estadounidense de Psicología y la Academia Estadounidense de Pediatría, que coinciden en que se trata de una práctica ineficaz y con potencial para causar graves daños.
De acuerdo con datos de Movement Advancement Project, más de una veintena de estados de Estados Unidos mantienen vetos totales o parciales a las terapias de conversión sexual. En paralelo, el presidente Donald Trump ha promovido distintas medidas dirigidas contra la comunidad LGTBI, como la retirada de fondos federales a las cirugías de reasignación de sexo o la prohibición a las personas trans de competir en categorías deportivas femeninas, entre otras iniciativas.
“Impacto devastador” en la comunidad LGTBI
La directora de Género, Sexualidad e Identidad de Amnistía Internacional (AI), Karla Gonzales García, ha alertado en un comunicado de que el fallo tendrá un “impacto devastador en los derechos, la salud y la dignidad de las personas LGTBI” en Estados Unidos.
Ha recordado que “la llamada 'terapia de conversión' inflige un daño inconcebible a los jóvenes LGBTQ+, resultando en un alto riesgo de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas. La práctica puede equivaler a tortura, según el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.
En esta línea, ha avisado de que la eliminación o debilitamiento de las salvaguardas que protegen a los menores frente a estos daños deja a la comunidad LGTBI “a merced de una práctica altamente insegura y desacreditada” en un contexto de creciente hostilidad y ataques en todo el país.
“Los jóvenes LGBTQ+ tienen los mismos derechos a una vida de dignidad y bienestar que todos los demás. Tienen derecho a estar protegidos contra la discriminación por su orientación sexual o identidad de género”, ha remachado.