Tras casi veinte años de negociaciones, este sábado ha comenzado a aplicarse el Tratado de la Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Alta Mar, un instrumento internacional destinado a conservar y asegurar el uso sostenible de los dos tercios de los océanos situados fuera de las aguas nacionales.
La fecha marca el cumplimiento de los 120 días establecidos desde que se alcanzó el umbral mínimo de 60 ratificaciones, tal y como fija el propio acuerdo. A partir de ahora, el texto pasa a ser jurídicamente obligatorio para los 83 Estados que lo han ratificado hasta la fecha, lo que implica su incorporación a los ordenamientos jurídicos nacionales.
El tratado pretende salvaguardar la biodiversidad marina en aguas internacionales y en el lecho marino, zonas que abarcan más de dos tercios de la superficie oceánica y suponen más del 90% del hábitat del planeta si se mide en volumen.
“Lo hemos conseguido. Hoy entra en vigor el Tratado de Alta Mar. Es una tremenda victoria para los océanos, para la vida y para la humanidad”, ha subrayado el presidente francés, Emmanuel Macron, en un mensaje difundido en redes sociales. La alta mar “no será el salvaje oeste abierto a la explotación, sino un espacio de responsabilidad compartida”.
Para el secretario general de la ONU, António Guterres, la jornada supone un “hito para el océano”, gracias a un acuerdo que “establece el primer marco jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las fronteras nacionales”.
“En un mundo de crisis cada vez más graves (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación), el acuerdo cubre una brecha crítica de gobernanza para garantizar un océano y productivo para todos”, ha afirmado.
“Avancemos ahora con celeridad hacia la implementación universal y plena, y cumplamos las promesas del acuerdo para las personas de todo el mundo”, ha remachado.
Entre las principales economías que ya han ratificado figuran China, Alemania, Japón, Francia o Brasil. Naciones Unidas resalta especialmente el respaldo de China, por el peso de sus industrias ligadas al mar, como la construcción naval, la acuicultura, la pesca y la explotación de petróleo y gas en alta mar. Solo en 2023, Pekín exportó alrededor de 155.000 millones de dólares en bienes vinculados al océano, según datos de la agencia de comercio de la ONU.
Sin embargo, siguen sin sumarse potencias como Estados Unidos, India, el Reino Unido y Rusia. Estados Unidos, primera economía mundial, se encuentra entre los cinco mayores exportadores de productos relacionados con el océano, con 61.000 millones de dólares. Washington adoptó el texto en 2023, pero tras el relevo en el Gobierno su ratificación ha quedado aplazada 'sine die'.
Conferencia de las Partes y nuevo marco de gobernanza
El Tratado de Alta Mar se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, pero refuerza de forma sustancial el andamiaje legal para la protección y el uso sostenible de la biodiversidad marina, según destaca la propia ONU. Proporciona así una estructura de cooperación entre Estados y otros actores que será “crucial” para avanzar en los objetivos de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal.
El acuerdo se articula en torno a cuatro elementos principales. El primero persigue “un reparto justo y equitativo de los beneficios de las actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos (...) en beneficio de toda la Humanidad”.
Asimismo, contempla la designación de áreas marinas protegidas para salvaguardar hábitats esenciales, especies vulnerables y fondos marinos, además de la obligación de someter a evaluación el impacto de las actividades económicas. Incluye también un régimen internacional para analizar los efectos de las actividades en alta mar sobre el cambio climático, la acidificación de los océanos y otros impactos ambientales.
Otro de los pilares es el impulso a la cooperación y a la transferencia de tecnología marina, con el fin de apoyar a los Estados parte, en especial a los países en desarrollo, para que puedan cumplir los compromisos asumidos y “nivelar así el campo de juego” en el uso responsable de la alta mar.
El texto incorpora además una base financiera para costear las medidas previstas y un mecanismo específico de solución de controversias. Igualmente, establece la creación de una Conferencia de las Partes, de un Organismo Científico y Técnico y de otros órganos auxiliares.
La Conferencia de las Partes deberá celebrarse en el plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del Tratado, por lo que podría tener lugar a finales de 2026, aunque ya se han iniciado los trabajos preparatorios para esa primera CoP1.