Peter Skandalakis, recientemente nombrado fiscal del caso en Georgia involucrado en la presunta interferencia electoral, ha exonerado a Donald Trump y demás implicados este miércoles. Skandalakis tomó el mando del caso después de que el Tribunal de Apelaciones de Georgia retirara a la fiscal Fani Willis por un “conflicto de intereses” debido a su relación previa con el fiscal especial Nathan Wade.
En un documento de 23 páginas, Skandalakis expresó que ha desestimado el caso “para servir a los intereses de la justicia y promover la firmeza judicial”. “En mi opinión profesional, no es beneficioso para los ciudadanos de Georgia continuar con este caso en su totalidad durante otros cinco a diez años”, afirmó el fiscal, señalando además la falta de recursos para sostener múltiples juicios.
Skandalakis también mencionó “la complejidad” de la trama de interferencia electoral, que incluye “cuestiones constitucionales, la cláusula de supremacía, la inmunidad, la jurisdicción”, entre otros aspectos legales clave. Argumentó que separar el caso de Trump de los demás coacusados sería “ilógico” y generaría gastos excesivos para el estado y el condado de Fulton.
“Para defender los derechos constitucionales a un juicio rápido de los acusados restantes, el Consejo de Fiscales de Georgia se vería obligado a comenzar los juicios de inmediato, desviando recursos críticos de nuestras misiones actuales e imponiendo una carga financiera insostenible”, agregó el fiscal.
Steve Sadow, abogado de Trump, celebró la decisión en la red social X, calificando el proceso como “persecución política” y declarando que “finalmente ha terminado”. “Este caso nunca debió haberse presentado. Un fiscal justo e imparcial ha puesto fin a esta guerra legal”, sostuvo Sadow, quien también citó un fallo del juez Scott McAfee del condado de Fulton, que confirmó que el caso “queda desestimado en su totalidad”.
Trump, junto a otras 18 personas, estaba acusado de presionar ilegalmente a funcionarios estatales para revertir su derrota frente a Joe Biden en las elecciones de 2020, calificando los cargos como parte de una “caza de brujas” política. Los supuestos delitos surgieron en los meses caóticos tras los comicios, incluyendo una polémica llamada a Brad Raffensperger, en la que se le instaba a “encontrar” los votos necesarios.