El equipo especial de fiscales que investiga el caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol solicitó este martes la pena capital para el exmandatario por la controvertida ley marcial proclamada en diciembre de 2024, una decisión que acabó costándole el cargo pocos meses más tarde.
Según recoge el diario “The Korea Times”, los investigadores consideran a Yoon el principal responsable de encabezar un intento de insurrección al activar dicha ley, que provocó el despliegue de unidades militares durante varias horas en los alrededores de la Asamblea Nacional y desencadenó una profunda crisis política interna.
En el escrito presentado ante el tribunal, la Fiscalía sostiene que el expresidente fue, en última instancia, responsable de “intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional”. A su juicio, estas actuaciones supusieron una “grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana”.
El fiscal especial Park Eok Su acusó a Yoon de “declarar la ley marcial con el objetivo de mantenerse en el poder durante un largo periodo de tempo al hacerse con el poder judicial y el legislativo al completo”. “La naturaleza de este delito es grave y ha provocado la movilización de numerosos recursos que deberían haber sido utilizados únicamente en interés nacional”, advirtió durante la vista.
La solicitud de la pena máxima, formulada en una audiencia ante el tribunal de distrito de Seúl, supone un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente del país. Yoon pasó a ser el primer jefe de Estado surcoreano detenido e imputado mientras aún ejercía la Presidencia.
Además del cargo de insurrección, el exdirigente se enfrenta a acusaciones por abuso de poder y obstrucción a la justicia. Los fiscales subrayan que siguió adelante con la aplicación de una norma reservada para contextos de guerra, emergencias nacionales o crisis de extrema gravedad. Yoon, por su parte, defendió en todo momento que su decisión se ajustaba a la Constitución y a la legalidad vigente, una tesis que la acusación ha rechazado de plano.
El exjefe del Estado también está señalado por haber ordenado o facilitado el arresto de destacados líderes políticos durante los acontecimientos del 3 de diciembre, entre ellos el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder de la oposición y actual presidente del país, Lee Jae Myung.
Desde aquellos sucesos, varios ministros y altos responsables de su Administración han sido igualmente procesados como presuntos cómplices, al considerar la Fiscalía que desempeñaron un papel clave en la supuesta instigación a la insurrección.
El Código Penal de Corea del Sur establece que el delito de dirigir actos insurreccionales contempla tres posibles castigos: pena de muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados.
La drástica petición de la Fiscalía ha generado reacciones entre las principales instituciones del Estado y dentro del Partido Democrático (PD), que gobierna el país. Desde la Oficina Presidencial se ha subrayado que confían en que los tribunales “tome las medidas adecuadas en base a la ley”. “Esperamos que se cumplan las expectativas de la población”, han señalado.
El portavoz del PD, Park Soo Hyun, recalcó la necesidad de que “los responsables de lo sucedido hagan frente a la forma de justicia más severa por unos actos que podrían haber destruido el orden constitucional y haber acabado con la soberanía popular”.