En un reciente golpe de autoridad, la unidad de élite de las Fuerzas Armadas de Madagascar ha tomado el control del país y ha instaurado el Consejo de Defensa Nacional de Transición (CDNT). Entre sus primeras decisiones figuró la suspensión de la Constitución de 2010, así como de importantes instituciones como el Tribunal Constitucional y el Senado.
El coronel Michael Randrianirina, líder del Centro de Administración de Personal del Ejército (CAPSAT), ha asumido la responsabilidad del gobierno ante la «ausencia» del presidente Andry Rajoelina, quien afirmó estar en un «lugar seguro» después de reportar un intento de golpe de Estado. Randrianirina respaldó las demandas de los manifestantes y anunció la creación de una «nueva fuente de mando militar».
Este sábado, en medio de una grave crisis política, Rajoelina intentó disolver la Asamblea Nacional, que en respuesta aprobó con mayoría el cese del presidente. El CDNT ha prometido dirigir el país durante un periodo de transición de hasta dos años, manteniendo la Asamblea Nacional y estableciendo un Alto Tribunal para la Renovación con competencias judiciales, según reporta ‘Midi Madagasikara’.
Randrianirina ha expresado que el objetivo principal es «volver a la legalidad republicana» y restablecer la confianza en las instituciones con un nuevo referéndum constitucional y elecciones generales al final de la transición propuesta.
Aunque el Tribunal Constitucional fue disuelto, esta entidad declaró vacantes los puestos de presidente del país y del Senado, asignando temporalmente las funciones presidenciales a Randrianirina. La corte enfatizó que el actual gobierno no tiene autoridad presidencial y urgió a la autoridad militar a asegurar la continuidad del Estado.
La presidencia ha rechazado estos movimientos, denunciando «LA DECLARACIÓN ILEGAL» y asegurando que Rajoelina sigue en funciones, comprometido con el orden constitucional y la estabilidad nacional. Un comunicado oficial describe el asalto al Palacio Presidencial como un intento de golpe de Estado y un ataque a la legalidad republicana, condenando la violación de la constitución y los principios democráticos.