QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha criticado con firmeza este martes la decisión de los rebeldes hutíes de Yemen de poner a disposición de un tribunal “especial” a miembros del personal de Naciones Unidas, después de que las autoridades controladas por la insurgencia detuvieran a cerca de 60 trabajadores a los que acusan de espiar para facilitar ataques israelíes contra dirigentes del movimiento.
Según ha explicado su portavoz, Stéphane Dujarric, a través de un comunicado oficial, “Instamos a las autoridades ‘de facto’ a que anulen la remisión y trabajen de buena fe para lograr la liberación inmediata de todo el personal detenido de la ONU, las ONG y la comunidad diplomática”.
Guterres ha trasladado además su “profunda preocupación por la continua detención arbitraria de 59 funcionarios de Naciones Unidas” y ha subrayado que estas personas han permanecido incomunicadas, en algunos casos durante años, sin las debidas garantías judiciales, lo que supone una vulneración del Derecho Internacional.
El máximo responsable de la organización ha remarcado que el personal de Naciones Unidas, incluidos los trabajadores yemeníes, dispone de inmunidad frente a procesos judiciales por las actuaciones realizadas en el marco de sus funciones oficiales. Asimismo, ha insistido en que la ONU continúa “comprometidos a apoyar al pueblo de Yemen y a prestar ayuda humanitaria basada en principios”.
Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha confirmado que al menos uno de sus empleados, arrestado desde noviembre de 2021, ha “sido presentado ante el llamado ‘Tribunal Penal Especial’ por falsos cargos de espionaje relacionados con su trabajo”.
“Esto es totalmente inaceptable y constituye una grave violación de los Derechos Humanos”, ha recalcado Turk, que ha pedido a los hutíes que procedan a la liberación “inmediata e incondicionalmente” de los trabajadores humanitarios, respeten los privilegios e inmunidades del personal de la ONU y permitan que continúen con su labor en favor de la población yemení y de sus derechos fundamentales.
El Alto Comisionado ha condenado igualmente el encarcelamiento de quienes “realizaban valientemente su labor de ayuda al pueblo yemení” y ha alertado de que “se encuentran retenidos en condiciones intolerables”, además de señalar que han recibido información “muy preocupante” sobre posibles malos tratos. “Su sufrimiento, y el de sus familias, se ha prolongado demasiado tiempo. Su seguridad y bienestar corren grave riesgo”, ha apuntado.
En paralelo, a finales de noviembre un tribunal de Saná dictó sentencia de muerte contra 17 personas por supuestos delitos de espionaje, mientras que otras dos fueron condenadas a diez años de prisión por su presunta participación en una red que, según las autoridades hutíes, colaboraba con los servicios de Inteligencia de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.
Yemen permanece sumido en una grave crisis desde hace más de diez años, un periodo en el que los hutíes han afianzado su control territorial y ampliado su capacidad de amenaza. Aliados de Irán, los rebeldes han incrementado en los dos últimos años sus ataques contra Israel como respuesta a la ofensiva militar en la Franja de Gaza.
