La Justicia de Colombia ha sentenciado este viernes a Simeón Peréz Marroquín, conocido como “El Viejo”, a 22 años y cuatro meses de prisión por su participación en el asesinato, en junio de 2025, del senador y aspirante presidencial conservador Miguel Uribe Turbay, cuando intervenía en un acto público en Bogotá.
En una nota oficial, la Fiscalía detalló que a Pérez Marroquín se le atribuyen los delitos de “homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores en la comisión de delitos; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones”.
De acuerdo con esta información, “El Viejo” habría asumido la planificación del atentado, además de proporcionar el arma utilizada para acabar con la vida del senador del partido Centro Democrático.
Tras hacerse pública la resolución judicial, el abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, difundió un comunicado en el que calificó el fallo como “un paso estructural relevante en el esclarecimiento judicial del crimen”. “El procesado asumió un rol determinante dentro de la organización criminal, actuando como articulador logístico, proveedor de armas y enlace directo con quienes ordenaron la ejecución del homicidio por precio”, ha manifestado.
Sin embargo, Mosquera recalcó que “la verdad judicial aún no está completa” y mencionó la existencia de “una organización criminal con niveles de dirección, coordinación y financiación que trascienden a los ejecutores ya judicializados, y conlleva a un grupo armado ilegal”.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, también reaccionó a la decisión judicial en sus redes sociales, donde planteó “¿dónde está la rectificación?” de quienes señalaron a su Gobierno de estar implicado en el asesinato de Miguel Uribe “ahora que hay una persona confesa”.
La pena contra Pérez Marroquín se añade a las ya dictadas contra Carlos Mora González y Katherine Martínez, condenados a principios de este mes a 21 años de prisión por su papel en el asesinato del dirigente colombiano.
El crimen de Uribe Turbay, perpetrado el 11 de agosto de 2025 por un menor de 15 años, sacudió al país y reavivó en la memoria colectiva los recuerdos de los años más oscuros, especialmente en las décadas de los 80 y 90, marcadas por la violencia y los asesinatos de líderes políticos.
Por estos hechos han sido arrestadas hasta nueve personas. Las pesquisas apuntan a una estructura de sicarios como responsable de coordinar el asesinato, cuyos móviles continúan sin esclarecerse por completo.