Las autoridades de Irán han reconocido este miércoles el fallecimiento de más de 3.000 personas, entre ellas menores, en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas a finales de diciembre por la crisis económica. Teherán, sin embargo, vincula estas muertes a “incidentes terroristas” y no a la actuación represiva de sus fuerzas de seguridad.
La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos ha detallado que 3.117 personas “han alcanzado la gracia del martirio”, de las cuales 2.427 serían civiles y miembros de las fuerzas de seguridad. El organismo no ha ofrecido información sobre la identidad de cerca de 700 fallecidos, de acuerdo con un comunicado difundido por la televisión pública iraní IRIB.
“¿Por qué crimen murieron estos hijos oprimidos de Irán? La sangre inocente de la juventud ha sido derramada con crueldad por elementos terroristas entrenados. Sus cuerpos inocentes han sido quemados, sus cabezas decapitadas. Muchos eran transeúntes (...) y algunos eran manifestantes que recibieron disparos por elementos terroristas organizados entre la multitud”, ha afirmado el organismo.
La fundación ha insistido además en que Teherán “no perdonará a los terroristas afiliados al régimen sionista criminal, ni a sus seguidores y agentes, que han sido apoyados, equipados y armados por líderes criminales de Estados Unidos”. “Los asesinos de los niños de esta patria, y quienes los apoyan, responderán por sus malas acciones”, ha aseverado.
El Consejo de Seguridad Nacional, que respalda la cifra de muertos difundida por la fundación, ha señalado que tras la Guerra de los Doce Días iniciada por Israel —a la que se sumó posteriormente Estados Unidos— “el enemigo concluyó que el mero uso de medios militares no podía obligar a la nación iraní a rendirse”. En consecuencia, “cambiaron sus tácticas y apuntaron a la cohesión social con el fin de quebrantar la voluntad nacional”.
Según este órgano, en un primer momento se registraron “protestas pacíficas en algunas ciudades”, pero “las células del caos organizado no querían que las reuniones siguieran su curso pacífico y causaron daños a la población y al país al convertir las manifestaciones en violencia entre el 9 y el 17 de enero”.
“Tras esta etapa, el 18 y 19 de enero, con el objetivo de descontrolar la situación y sembrar la inseguridad mediante el uso de la máxima violencia y ataques armados selectivos y organizados con la intención de matar y destruir bienes públicos y privados, se perpetraron numerosos actos terroristas en diversas partes del país”, ha explicado.
En este escenario, se han producido “daños” en mercados, centros sanitarios, bancos y lugares de culto, además de ambulancias y vehículos de transporte público. El Consejo ha asegurado que “los terroristas han cometido crímenes al estilo de Estado Islámico” y ha precisado que en esos dos días se perpetraron “crímenes atroces a gran escala con el apoyo de quienes desean el mal” al país.
La Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos ofrece con estos datos el primer recuento oficial de fallecidos en las protestas, mientras que organizaciones de Derechos Humanos elevan el balance a más de 4.500 muertos confirmados y verifican otros 9.000 posibles casos, en un contexto marcado por el apagón de telecomunicaciones.
En jornadas recientes, las autoridades iraníes han defendido que la deriva violenta de las manifestaciones buscaba proporcionar una “excusa” al presidente estadounidense, Donald Trump, para una intervención militar. Teherán ha planteado a Washington la vía del diálogo para encauzar las discrepancias, aunque ha subrayado que el país está “preparado” para afrontar un eventual conflicto armado.