El Gobierno israelí ha dado luz verde este domingo a una propuesta para inscribir amplias áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, algo que no ocurría desde el inicio de la ocupación en 1967, según ha informado la radiotelevisión pública israelí KAN. Para las autoridades palestinas, esta decisión supone en la práctica una anexión 'de facto' de buena parte de este territorio.
La iniciativa ha sido impulsada por el ministro de Finanzas y dirigente ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el titular de Defensa, Israel Katz. El objetivo declarado es ordenar las explotaciones agrícolas y definir el estatus jurídico de las zonas ocupadas en Cisjordania, un procedimiento administrativo tan complejo que Israel dejó de aplicarlo hace décadas.
De acuerdo con la información de la cadena pública israelí, la medida se ha adoptado como respuesta a los “procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C” de Cisjordania, bajo control exclusivo de Israel en los ámbitos administrativo y de seguridad.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha confirmado poco después la aprobación de esta “importante medida de seguridad y administrativa destinada a garantizar el pleno control, la aplicación de la ley y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona”, según el canal de televisión israelí N12.
Smotrich ha celebrado a su vez la continuidad de la “revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país”, reforzando así la línea más dura del Ejecutivo.
La Autoridad Palestina denuncia una anexión 'de facto'
El Gobierno palestino ha reaccionado de inmediato a través del presidente Mahmud Abbas, que califica la decisión como “una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado”.
“Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional”, ha señalado la Presidencia en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias WAFA.
El texto insiste en que “estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional”.
Rechazo de Jordania, Turquía y Qatar
El Ejecutivo jordano también ha censurado la decisión, al considerar que implica aplicar una “soberanía israelí ilegítima, consolidar la ampliación de los asentamientos y crear una nueva realidad administrativa en los territorios ocupados”. A su juicio, la medida daña la solución de los dos estados y el derecho del pueblo palestino a constituir un estado independiente y soberano en las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Este como capital.
En esta línea, Amán ha recalcado que Israel “no tiene soberanía sobre las tierras palestinas ocupadas”, por lo que estas decisiones son “ilegales y nula” y podrían alimentar una nueva escalada de tensión, además de poner en riesgo los lugares sagrados musulmanes y cristianos en Cisjordania.
El Gobierno turco ha condenado del mismo modo la actuación del Ejecutivo israelí, que “pretende imponer su autoridad sobre la Cisjordania ocupada y ampliar los asentamientos”. Según Ankara, la medida busca el “desplazamiento forzoso” de la población palestina de su propia tierra y “acelerar la anexión ilegal de Israel” de estas zonas “en clara violación del Derecho Internacional”, por lo que la considera “nula”.
El Gobierno turco critica así las “políticas expansionistas intensificadas por el Gobierno” del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que “socavan los esfuerzos de paz en marcha en la región y afectan a una futura solución de dos estados”.
Qatar, por su parte, ha rechazado la decisión de “convertir las tierras de Cisjordania en propiedad estatal” al entender que pretende “privar al pueblo palestino de sus derechos”, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores recogido por la agencia oficial QNA. Doha reclama la “solidaridad internacional” para “presionar” a Israel y que detenga la aplicación de esta política, con el fin de evitar “graves repercusiones” en el terreno.