El Gobierno de Israel ha dado luz verde este domingo a una medida para inscribir extensas áreas de Cisjordania como “propiedad del Estado”, algo que no ocurría desde el inicio de la ocupación en 1967, de acuerdo con la radiotelevisión pública israelí KAN. Para las autoridades palestinas, este paso supone una anexión 'de facto' de una parte sustancial del territorio.
La propuesta ha sido impulsada por el ministro de Finanzas y dirigente ultranacionalista Bezalel Smotrich, junto con el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz. El objetivo declarado es regularizar las explotaciones agrícolas y definir con mayor claridad el estatus jurídico de las zonas ocupadas en Cisjordania, retomando un complejo procedimiento administrativo que Israel había dejado de aplicar hace décadas.
Según KAN, la resolución se enmarca en la respuesta israelí a los “procedimientos de asentamiento ilegales que la Autoridad Palestina está promoviendo en la Zona C” de Cisjordania, área que permanece bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.
El ministro de Defensa, Israel Katz, ha ratificado poco después la aprobación de esta “importante medida de seguridad y administrativa destinada a garantizar el pleno control, la aplicación de la ley y la libertad de acción del Estado de Israel en la zona”, tal y como ha informado el canal de televisión israelí N12.
Smotrich ha aplaudido igualmente el avance de la “revolución en la política de asentamientos y el control sobre todo nuestro país”.
Reacción palestina y denuncia de anexión 'de facto'
El Ejecutivo palestino ha respondido con firmeza a la decisión israelí a través del presidente Mahmud Abbas, que la ha calificado como “una anexión 'de facto' del territorio palestino ocupado”.
“Es una amenaza a la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del derecho internacional y las resoluciones de legitimidad internacional”, ha manifestado la Presidencia en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias WAFA.
El texto añade que “estas medidas unilaterales no otorgarán ninguna legitimidad a la ocupación en la tierra del Estado de Palestina y no cambiarán el hecho jurídico e histórico de que Cisjordania, incluida Jerusalén Este y la Franja de Gaza, es territorio palestino ocupado según el derecho internacional y la legitimidad internacional”.