El Ejecutivo israelí ha comunicado que un total de 37 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos sin Fronteras (MSF) y Oxfam, no han satisfecho los nuevos requisitos legales de registro necesarios para operar y obtener autorización para desarrollar su labor humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados, por lo que sus permisos quedarán anulados a partir del 1 de enero de 2026.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, encabezado por Amichai Chikli, ha precisado en una nota oficial que las licencias de estas entidades serán canceladas desde el 1 de enero y que deberán culminar el cierre de sus actividades en un plazo máximo de 60 días, antes del 1 de marzo.
Las autoridades israelíes habían exigido a las ONG, en un periodo de diez meses, la entrega de diversa documentación sobre su estructura y funcionamiento, incluida una relación completa de su plantilla, en el marco de una nueva regulación de registro que faculta al Gobierno a denegar permisos cuando existan sospechas de colaboración con “organizaciones terroristas” designadas por Israel, como el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, ha señalado que “la inscripción continúa abierta”, de modo que “las organizaciones aún pueden postularse y las solicitudes continuarán siendo revisadas y procesadas”.
Sin estar incluidas en este registro, las ONG no pueden desplegar personal internacional especializado, por ejemplo en salud, agua o saneamiento, ni introducir suministros humanitarios esenciales a través de los pasos fronterizos controlados por Israel hacia Gaza o Cisjordania. La fecha tope inicial para ajustarse a las exigencias era el 9 de septiembre, aunque el Gobierno la prorrogó “de buena fe” hasta el 31 de diciembre.
“El mensaje es claro: la asistencia humanitaria es bienvenida; la explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas es inaceptable. Israel seguirá protegiendo su soberanía, a sus ciudadanos y la integridad de la acción humanitaria”, ha subrayado Chikli, según el diario ‘The Times of Israel’.
El Coordinador de Actividades del Gobierno en los Territorios (COGAT), la autoridad militar israelí responsable de la gestión en los territorios palestinos, ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que esta medida “no afectará en el futuro el volumen de ayuda humanitaria que ingresa a la Franja de Gaza”.
“Las organizaciones que recibieron la notificación de la suspensión de sus actividades en la Franja de Gaza no transportaron ayuda a Gaza durante el alto el fuego vigente, e incluso en el pasado, su contribución combinada solo representó alrededor del 1 por ciento del volumen total de ayuda”, ha indicado.
En la misma línea, ha defendido que el refuerzo de los criterios de registro “tiene como objetivo prevenir la explotación de la ayuda por parte de Hamás, que en el pasado operó bajo la cobertura de ciertas organizaciones internacionales de ayuda, consciente o inconscientemente”.
Asimismo, el COGAT ha acusado a MSF de haberse negado a entregar al Ministerio de Asuntos de la Diáspora el listado de su personal conforme a las nuevas reglas, que igualmente contemplan la posibilidad de rechazar permisos operativos a entidades que “promuevan la deslegitimación del Estado de Israel” o cuestionen “su existencia como Estado democrático”.
La directora senior Investigación, Incidencia Política y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha denunciado en redes sociales que la decisión de impedir la entrada en Gaza a organizaciones humanitarias “no solo es un escándalo”, sino “una escalada deliberada de su genocidio contra los palestinos”.
“Bloquear ayuda vital mientras la población civil se enfrenta al hambre, las enfermedades y los bombardeos, a pesar del supuesto alto el fuego, es una flagrante violación del Derecho Internacional y un atentado contra la humanidad misma. Se trata de un castigo colectivo de escala catastrófica”, ha remachado.
Las autoridades israelíes sostienen que en junio de 2024 detectaron a un miembro de Yihad Islámica trabajando para MSF y que, en septiembre de 2024, otro empleado de la misma organización fue identificado como francotirador de Hamás.
Organismos de Naciones Unidas y ONG con presencia en Gaza reclamaron el levantamiento “inmediato” de las trabas al acceso y a las operaciones humanitarias en el territorio palestino ocupado, alegando que la labor de estas entidades es “insustituible”.