La Casa Blanca ha defendido este domingo que la operación llevada a cabo la tarde anterior por la Guardia Costera de Estados Unidos sobre el petrolero 'Centuries', en aguas cercanas a Venezuela, se ajusta a la legalidad, pese a que el buque no aparece en el listado de embarcaciones sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, ha señalado que el petrolero “transportaba petróleo de PDVSA bajo sanciones” (la compañía estatal Petróleos de Venezuela) y que “es un navío de falsa bandera que operaba como parte de la flota en la sombra venezolana para traficar con crudo robado y financiar el régimen narcoterrorista” del presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Kelly ha difundido este mensaje en X para responder a las informaciones publicadas por el “New York Times” y el “Washington Post”, que cuestionaban la base legal del operativo. El 'Centuries', de acuerdo con fuentes citadas por el diario neoyorquino, pertenece a un comerciante con sede en China, dedicado al transporte de crudo desde Venezuela hasta refinerías del gigante asiático.
El buque navega con bandera panameña, a diferencia del petrolero 'Skipper', interceptado por Estados Unidos el 10 de diciembre, que sí figuraba en la lista de sancionados del Tesoro y que, además, utilizaba una falsa bandera de Guyana, según confirmaron sus autoridades. Para añadir más controversia, fuentes oficiales han indicado al “New York Times” que los guardacostas no disponían de una orden de registro para acceder al 'Centuries' y revisar su carga, algo que sí se produjo en el caso del 'Skipper'.
Según fuentes de la agencia Bloomberg, el petrolero llevaba a bordo alrededor de dos millones de barriles de crudo venezolano y contaba con una tripulación de unos 40 marineros, en su mayoría de nacionalidad china.
En este contexto, responsables estadounidenses citados de forma anónima por el “Washington Post” han explicado que el abordaje de la Guardia Costera se ampara en una norma de derecho marítimo conocida como “derecho de visita”, que permite a un buque militar inspeccionar otra embarcación cuando exista una simple sospecha de implicación en actividades ilícitas.
Como reacción, el Gobierno de Venezuela ha condenado la operación calificándola directamente de “robo” de sus bienes y de “secuestro” con “desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales”, según recoge el comunicado difundido por el Ejecutivo de Nicolás Maduro.
Las autoridades venezolanas han descrito esta nueva incautación como un acto de “piratería” que, a su juicio, viola diversas disposiciones del Derecho Internacional y constituye una “flagrante comisión” de un “delito”.
El Gobierno venezolano ha anunciado que “ejercerá todas las acciones correspondientes” para evitar que estos hechos queden “impunes”, entre ellas la presentación de una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Por su parte, la Embajada de China en Washington ha indicado a Bloomberg que no dispone de información adicional sobre el abordaje del 'Centuries' y se ha limitado a reiterar su postura oficial respecto a Venezuela.
“Por principio, China se opone firmemente a las sanciones unilaterales y a esta 'jurisdicción de brazo largo', que carecen de fundamento en el derecho internacional y no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU”, declaró el portavoz de la embajada, Liu Pengyu.
“Venezuela tiene derecho a buscar una cooperación mutuamente beneficiosa con otros países según sus propias decisiones”, ha añadido.