La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmó este lunes que existen “indicios suficientes” que vinculan al expresidente filipino Rodrigo Duterte con la presunta comisión de crímenes contra la humanidad, subrayando además que “los que ostentan el poder no están por encima de la ley”.
El fiscal Mame Mandiaye Niang sostuvo que Duterte, de 80 años, “haberse visto implicado de forma indirecta en las ejecuciones generalizadas y sistemáticas cometidas entre noviembre de 2011 y marzo de 2019”, tanto durante su etapa como alcalde de Dávao como posteriormente al frente de la Presidencia de Filipinas.
Niang precisó que los cargos por el asesinato de 78 personas —entre ellas varios menores— representan “tan solo una fracción de los asesinatos que se habrían cometido durante la llamada guerra contra las drogas”, una campaña que, según los datos oficiales de las autoridades filipinas, dejó alrededor de 6.000 fallecidos.
El propio TPI ha calculado que el número total de civiles muertos en ese periodo podría situarse entre 12.000 y 30.000. “Hoy es un día importante para la justicia internacional y el pueblo de Filipinas”, declaró Niang, de acuerdo con la información difundida por la cadena de televisión ABS-CBN.
Estas manifestaciones se produjeron justo después del inicio de las vistas preliminares que se celebrarán a lo largo de esta semana antes del juicio, en las que se procederá a la lectura detallada de todos los cargos formulados contra el exmandatario.
Mientras tanto, la defensa de Duterte ha reclamado al tribunal que archive en bloque las acusaciones, que consideran “políticamente motivados” y “carentes de solidez suficiente”. “Esperamos que concluya la deliberación y que se retiren los cargos”, declaró su abogado, Nicholas Kaufman.
El letrado reconoció que su defendido es un “fenómeno único”, alguien “curioso en sus maneras” y “cagado de retórica”. “Con un tono beligerante, habla con la lengua áspera de la calle. Dice lo que la gente quiere escuchar, pero lo dice de forma que ofende la sensibilidad de líderes mundiales que no están acostumbrados a esto, y eso es lo que hace que esté aquí”, añadió.
Asimismo, acusó a la Fiscalía de “elegir parcialmente lo que le interesa en los discursos” de Duterte y recalcó que muchos de ellos “recogen la importancia de adherirse a las leyes”. “De estos discursos no se desprende una intencionalidad letal y solo busca meter miedo a los criminales”, sostuvo.
“Vamos a demostrar que estos discursos no manifiestan intención criminal alguna. Vamos a convenceros de que, independientemente de lo fuerte que lo intenten, las investigaciones de la Fiscalía no podrán obtener un solo testigo que tenga credibilidad y que pueda admitir que escuchó a Duterte dar orden alguna de matar”, explicó el abogado.
Pese a ello, la corte accedió a la petición de la defensa para que Duterte no tuviera que estar presente en estas audiencias preliminares. El tribunal determinó que el exdirigente puede decidir libremente si comparece o no, a pesar de las objeciones planteadas por la Fiscalía y por los representantes de las víctimas.
El caso ante el TPI se sustenta en una denuncia registrada en 2018 por organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas de la “guerra contra las drogas” impulsada por Duterte. Como respuesta a las críticas procedentes de La Haya, el entonces presidente decidió en 2019 retirar de forma unilateral a Filipinas del Tribunal Penal Internacional.