El equipo especial de fiscales que investiga el caso de insurrección contra el expresidente destituido Yoon Suk Yeol solicitó este martes la pena de muerte para el exmandatario por su papel en la controvertida ley marcial proclamada en diciembre de 2024, una decisión que acabó costándole el cargo pocos meses después.
Según recoge el diario “The Korea Times”, los fiscales señalan a Yoon como principal responsable de haber encabezado un intento de insurrección al ordenar la entrada en vigor de dicha ley, lo que provocó el despliegue de militares durante varias horas en los alrededores del Parlamento y desencadenó una profunda crisis política interna.
En su escrito, la acusación sostiene que Yoon fue, en última instancia, responsable de “intentar socavar el orden constitucional al movilizar a las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir a la Asamblea Nacional”. A su juicio, estas actuaciones constituyeron una “grave amenaza para la democracia y que justifican la pena más severa prevista por la ley surcoreana”.
La petición, presentada durante una vista ante el tribunal de distrito de Seúl, supone un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más controvertidos de la historia reciente del país asiático.
El exmandatario también está procesado por abuso de poder y obstrucción a la justicia. La Fiscalía recalca que siguió adelante con la aplicación de una normativa reservada a situaciones de guerra, emergencias nacionales o crisis extremas. Yoon ha defendido siempre que su actuación fue constitucional y ajustada a la ley, unos argumentos que los fiscales han rechazado de plano.
El antiguo jefe de Estado está acusado igualmente de haber impulsado medidas para facilitar la detención de destacados dirigentes políticos durante la jornada del 3 de diciembre, entre ellos el presidente del Parlamento, Woo Won Shik, y el entonces líder de la oposición, hoy presidente del país, Lee Jae Myung.
Desde aquel episodio, varios ministros y altos cargos de su Administración han sido igualmente imputados como presuntos cómplices por su papel clave en la supuesta instigación de la insurrección.
De acuerdo con el Código Penal de Corea del Sur, el delito de dirigir actos de insurrección contempla tres posibles penas: muerte, cadena perpetua o cadena perpetua sin trabajos forzados.