El Gobierno de la República Democrática del Congo comunicó en la noche de este viernes la llegada al país del primer contingente de migrantes sudamericanos deportados desde Estados Unidos, en aplicación del acuerdo bilateral suscrito entre Washington y Kinshasa, similar a los firmados con otros Estados africanos como Ghana, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda.
“Un contingente inicial de 15 personas ha llegado a Kinshasa el 17 de abril de 2026, de acuerdo con el calendario establecido por las autoridades competentes”, ha confirmado el Ministerio de Comunicación e Información del país africano en sus redes sociales.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Perú ha señalado que siete de los migrantes forman parte de su ciudadanía.
El Ejecutivo peruano, “en el marco de su compromiso con la asistencia y protección de los peruanos en el exterior sin importar la condición migratoria de nuestros connacionales, se encuentra presta a brindar el apoyo y orientación en caso fuera requerido”, explica en el comunicado ministerial.
Desde Kinshasa, las autoridades han subrayado que la presencia de estas personas es “estrictamente transitoria, temporal y de duración limitada” y que su acogida no responde a “un mecanismo de residencia permanente en el territorio nacional ni de reubicación permanente”.
El Gobierno congoleño asegura que los migrantes serán recibidos en unas condiciones que respetarán “con los requisitos de seguridad, las normas administrativas aplicables y los estándares reconocidos para la gestión ordenada del movimiento de personas”, y ajustadas a “los principios de humanidad y solidaridad, en estricto cumplimiento de la soberanía nacional y los intereses” del país.
Abogados y organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes han puesto en duda el carácter de estos acuerdos impulsados por Estados Unidos con países africanos y de otras regiones, al recordar que varios de ellos arrastran graves problemas de represión política y carencias en materia de DDHH, como Esuatini, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial.
En el caso concreto de la RDC, la oposición al presidente Félix Tshisekedi, junto con sectores de la sociedad civil y colectivos de derechos humanos, muestra una especial inquietud por la posibilidad de que se reproduzcan episodios similares a los de 1994 en el este del país, cuando el Gobierno decidió abrir la frontera a los tutsis que escapaban de los hutus durante el genocidio ruandés, un gesto de acogida que desembocó en varias muertes de congoleños en la región de Kivu.