La Unión Europea ha decidido prolongar otros seis meses, hasta julio de 2026, el conjunto de sanciones económicas y comerciales que el bloque viene aplicando de forma progresiva al Gobierno de Vladimir Putin desde 2014, en respuesta a las distintas actuaciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión a gran escala del país en febrero de 2022.
El régimen sancionador incluye un amplio abanico de medidas coercitivas que afectan a numerosos sectores, que van desde restricciones al comercio hasta limitaciones en materia energética y financiera, además de acciones dirigidas contra la industria tecnológica, los bienes de doble uso civil y militar, el transporte y los artículos de lujo.
Entre estas medidas figuran también sanciones específicas que impiden la importación o transferencia de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia a la UE, así como la desconexión de varios bancos rusos del sistema de mensajería financiera SWIFT.
El paquete prorrogado contempla, asimismo, la suspensión de las actividades de emisión y de las licencias para operar en la Unión Europea de varios medios de desinformación respaldados por el Kremlin, junto con disposiciones concretas para combatir desde la UE los intentos de eludir las sanciones.
En un comunicado, el Consejo de la UE (los gobiernos de los Estados miembros) subraya que mientras persistan las “acciones ilegales” de Rusia que vulneran principios básicos del Derecho Internacional, la Unión seguirá considerando necesario mantener vigentes “todas las medidas” aprobadas por el bloque y se reserva la posibilidad de adoptar decisiones “adicionales”, “si es necesario”.
Represión y vulneraciones de Derechos Humanos en Rusia
En otra resolución adoptada este lunes, el Consejo ha añadido a la lista de personas sancionadas al juez Dimitri Gordeev y a la fiscal Liudmila Balandina, a quienes vincula con violaciones de Derechos Humanos y con su papel como cómplices de la represión interna en Rusia.
Bruselas considera que, mediante sus actuaciones reiteradas, ambos han contribuido a reprimir a la sociedad civil y a acallar la disidencia, con la finalidad de “legitimar” el discurso del Kremlin que equipara las críticas a la invasión rusa de Ucrania o al propio Ejecutivo de Putin con actividades terroristas o extremistas.
Las sanciones implican la congelación de los bienes que estas dos personas posean en territorio de la Unión y prohíben cualquier tipo de transacción o apoyo financiero con ellas por parte de ciudadanos o empresas europeas. Además, se veta su entrada, tránsito o salida por el espacio de la UE.
En el caso del magistrado del Tribunal Municipal de Moscú, Dimitri Gordeev, la Unión Europea le atribuye la responsabilidad de dictar de forma reiterada sentencias con motivaciones políticas contra representantes de la oposición y defensores de los Derechos Humanos.
Por ese motivo, el Consejo de la UE le reprocha haber demostrado un “desprecio sistemático por los estándares fundamentales de justicia imparcial”, por ejemplo al negarse de forma constante a examinar pruebas exculpatorias y aceptar sin cuestionamiento informes policiales no verificados o copiados de antiguos colegas. Estas prácticas, sostienen las instituciones europeas, “revela parcialidad, conflicto de intereses y falta de independencia judicial”.
En cuanto a la fiscal Liudmila Balandina, las sanciones responden a graves vulneraciones de Derechos Humanos y a su participación en la represión contra personas críticas con las autoridades rusas o que muestran apoyo a Ucrania.
Según la Unión Europea, Balandina ha “abusado sistemáticamente de su cargo como fiscal del Estado para presentar cargos con motivaciones políticas, empleando una retórica ideológica alineada con la propaganda del Kremlin y buscando castigos excesivos por actos de expresión pacíficos”.