El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha rechazado este jueves la propuesta aprobada en el Congreso que buscaba disminuir de forma notable las penas de los implicados en el intento de golpe de Estado de 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro. Lo ha hecho durante un acto por el tercer aniversario de los asaltos contra las instituciones en Brasilia, ocurridos el 8 de enero.
“El ocho de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular”, ha remarcado, aludiendo a que la conspiración golpista incluía un plan para asesinarle a él y a otras altas autoridades.
Lula ha estampado su firma en el veto al término de un evento en el Palacio del Planalto, desde donde ha resaltado, ante miembros de su Gabinete y otras autoridades, la solidez de la democracia brasileña en estos años y el papel del Tribunal Supremo en el enjuiciamiento de los golpistas pese a las presiones.
“Posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo”, ha valorado el mandatario, insistiendo en que todos los procesados han tenido oportunidad de defenderse en un sistema transparente que los juzgó con base en “fuertes pruebas”.
“No aceptamos ni una dictadura civil, ni una dictadura militar”, ha subrayado Lula, en una intervención en la que también ha presumido de los avances económicos y sociales de su Ejecutivo desde que regresó al poder hace tres años.
En esa línea, ha celebrado que las previsiones catastrofistas que se difundieron tras su vuelta “han sido derrotadas” y ha lanzado un aviso a la oposición de cara a las presidenciales de 2026: si continúan “apostando por el pesimismo, perderán otra vez”.
“Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”, ha concluido, entre fuertes aplausos, antes de salir a saludar a las personas concentradas en las inmediaciones de la sede del Gobierno, en la plaza de los Tres Poderes, escenario de los ataques del 8 de enero de 2023.
Tal como estaba previsto, Lula ha devuelto al Parlamento la iniciativa que ambas cámaras sacaron adelante a finales de 2025, en una decisión que supone un nuevo revés para el Ejecutivo, contrario a cualquier cambio legal que ponga en cuestión las condenas a los considerados líderes de la intentona golpista.
“Con todo el respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi despacho, lo vetaré, no es ningún secreto”, dijo entonces el presidente Lula, recalcando que “quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país”.
La oposición promete tumbar el veto
La oposición ha anunciado que actuará para revocar el veto presidencial. El impulsor del proyecto, el diputado Paulinho da Força, ha calificado la decisión de Lula de “desplante” al Congreso, considera que “reabre las tensiones que habían sido superadas” y sostiene que transmite la idea de que “Brasil no busca la paz institucional, sino el enfrentamiento permanente”.
Otros parlamentarios han mostrado su rechazo a una medida que juzgan “cruel” o “vengativa”, en palabras de Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente. “Esto no es justicia, no es democracia”, ha opinado.
El senador Rogério Marinho ha ido más lejos al referirse a los condenados como “presos políticos” y ha lamentado que Lula no tenga “la grandeza de esos líderes de la historia que han sabido reconciliar al país por medio de sucesivas amnistías en momentos muchos más graves”.
El texto regresa ahora al Congreso, que puede derribar el veto si reúne el apoyo de 257 de los 513 diputados de la Cámara Baja y de 41 de los 81 senadores. En ese supuesto, la norma entraría en vigor, aunque podría ser recurrida por el Gobierno, la Fiscalía, los partidos o colectivos de la sociedad civil.
La iniciativa, que obtuvo el respaldo de 291 diputados y 48 senadores, contempla reducciones de hasta el 70 por ciento en determinadas condenas. En el caso de Bolsonaro, que cumple ya una pena efectiva de 27 años de cárcel, los siete años mínimos en régimen cerrado podrían rebajarse a dos años y cuatro meses.