En su primera intervención pública sobre la reciente operación policial en Río de Janeiro, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha solicitado la colaboración de diferentes autoridades para luchar contra el crimen organizado. Este suceso, que se desarrolló en dos favelas de la zona norte, culminó con un saldo de más de 120 fallecidos.
«No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo a los vecinos y esparciendo droga y violencia por las ciudades», expresó Lula en X tras una reunión con su gabinete en el Palacio de la Alvorada, enfocada en los eventos del martes en los barrios de Penha y Alemao.
Lula comunicó que ha instruido tanto al ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, como al secretario general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, para que viajen a Río de Janeiro y coordinen acciones con el gobernador del estado, Cláudio Castro, cuya relación con el Gobierno ha experimentado un cambio reciente.
El mandatario subrayó la importancia de una acción coordinada para «atacar la espina dorsal» del crimen, protegiendo a policías y civiles. Remarcó que ya se ha presentado una reforma de la ley de seguridad que promueve la colaboración entre todas las fuerzas policiales, la cual se encuentra en el Congreso desde abril, aunque su avance se ha visto ralentizado por la falta de consenso parlamentario.
Según el último informe del Gobierno de Río de Janeiro, el operativo contra el Comando Vermelho resultó en la muerte de 121 personas, incluyendo cuatro policías, siendo este el operativo más letal en la historia del estado.
NUEVA LEY CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Lula da Silva ha promulgado recientemente una nueva ley para aumentar las capacidades de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado, aprobada por el Congreso a comienzos de octubre. Esta ley, propuesta inicialmente por el senador Sergio Moro, incrementa las penas de cárcel de cuatro a doce años, además de imponer multas, para quienes interfieran en investigaciones sobre grupos criminales o atenten contra los involucrados en estas investigaciones.
La ley también estipula que los acusados por estos crímenes sean recluidos en prisiones federales de máxima seguridad.