La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha admitido este lunes la derrota del Gobierno en el referéndum sobre la reforma de la Justicia que ella misma impulsó, después de que casi un 54% de los votantes haya rechazado la propuesta en una consulta que supone un serio revés político para la dirigente ultraderechista, en el cargo desde 2022.
“La soberanía pertenece al pueblo y los italianos hoy se han expresado con claridad. El Gobierno hizo lo que había prometido: llevar adelante una reforma de la justicia que estaba escrita en nuestro programa electoral. La hemos apoyado hasta el final y después hemos dejado la elección en manos de los ciudadanos”, ha indicado dirigente italiana en un mensaje en vídeo difundido en redes sociales.
Meloni ha subrayado igualmente que “respeta la decisión tomada por los ciudadanos”. “Queda claramente el pesar por una oportunidad perdida de modernizar Italia, pero esto no cambia nuestro compromiso para continuar, con seriedad y determinación, trabajando por el bien de la nación y para honrar el mandato que se nos ha encomendado”, ha añadido la jefa del Ejecutivo.
Conforme a los primeros datos publicados por el Ministerio del Interior, un 53,92% de los italianos ha rechazado la reforma, frente a un 46,08% que la ha respaldado, con más de la mitad de los sufragios ya contabilizados. La participación en los dos días de votación ha sido del 58,51%.
Los colegios electorales cerraron este lunes en torno a las 15.00 horas (hora local), tras dos jornadas de consulta. La cuestión sometida a las urnas hacía referencia a la modificación de los artículos 87, 102, 104, 105, 106, 107 y 110 de la Constitución italiana.
Contenido de la reforma judicial
El proyecto, de gran complejidad técnica, pretendía en términos generales separar las carreras de jueces y fiscales en dos estructuras diferenciadas, con dos consejos superiores de la judicatura independientes, que actuarían de forma autónoma, además de la creación de un nuevo órgano disciplinario común para todos los magistrados.
Uno de los aspectos más polémicos es la previsión de que parte de los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura —compuesto por 33 miembros, de los que 20 son elegidos por los propios magistrados y otros diez por el Parlamento— sean designados por sorteo. El Ejecutivo defiende este sistema para poner fin al “faccionalismo” dentro de la magistratura.
Los críticos sostienen, en cambio, que el sorteo suprimiría la representatividad sin asegurar mayor imparcialidad, generando una fuerte descompensación entre los miembros nombrados por el Parlamento y los elegidos por los jueces, que carecerían de legitimidad y serían más vulnerables a presiones políticas.
La oposición también rechaza la separación de carreras, al considerar que no responde a un problema real, ya que el paso de juez a fiscal o a la inversa solo se permite una vez y durante los diez primeros años de ejercicio, y siempre con el requisito de cambiar de distrito o región para preservar la imparcialidad.
Asimismo, los detractores alertan de que convertir a los fiscales en un órgano independiente —con su propio consejo superior— podría distanciarles de la cultura profesional compartida con los jueces y acercar su papel al de fuerzas policiales, incentivando una lógica de resultados basada en incrementar detenciones y condenas.
Según la oposición, la reforma tampoco resuelve los problemas de ineficiencia del sistema judicial, ya que multiplica los costes y la carga burocrática al repartir entre tres órganos funciones que actualmente desempeña uno solo.
Críticas al referéndum y antecedentes de la ley
Los partidos contrarios a Meloni cuestionan además la propia convocatoria del referéndum, señalando que, si el Gobierno hubiera querido limitarse a separar las carreras de jueces y fiscales, habría bastado con una ley ordinaria. Recuerdan también que se trata de un referéndum confirmatorio, por lo que no se exige ningún quórum mínimo de participación para que el resultado sea válido.
La normativa —impulsada en su día por Silvio Berlusconi durante su etapa como primer ministro, en pleno escándalo de "Manos Limpias"— fue aprobada por el Parlamento en octubre de 2025. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional que no alcanzó los dos tercios necesarios en la Cámara, debía someterse obligatoriamente a consulta popular.