Reclusos de tres prisiones en Guatemala han protagonizado motines de forma simultánea y mantienen retenidas a 46 personas, entre ellas 45 trabajadores penitenciarios y un psicólogo. El Ejecutivo atribuye estos levantamientos a la pandilla Barrio 18 --catalogada por Estados Unidos como organización terrorista internacional--, cuyos miembros tratarían de recuperar antiguos privilegios dentro de las cárceles.
En una comparecencia ante la prensa, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, ha recalcado: “Este Gobierno, esta Administración del Ministerio de Gobernación, no va a pactar con ningún grupo terrorista. No voy a ceder a esos chantajes y no voy a regresarle los privilegios con el objeto que depongan sus acciones”.
Los incidentes se han registrado en los centros penitenciarios de ‘Fraijanes 2’, ‘Renovación 1’ y en el sector 11 del ‘Centro de Detención Preventiva de la zona 18’, donde los internos han provocado desórdenes, se han hecho con el control de varias áreas y han tomado como rehenes a 46 personas.
Según un comunicado del Ministerio de Gobernación, “la fuerza pública está siguiendo con los protocolos de actuación (establecidos) frente a los motines realizados”. El texto añade: “Desde el primer momento, se activaron los procedimientos institucionales correspondientes para resguardar la integridad de todos los involucrados y asegurar que la situación sea atendida con profesionalismo, firmeza y en el marco de la seguridad democrática”.
El Gobierno de Bernardo Arévalo ha desplegado agentes de la Policía Nacional Civil, militares y personal del Sistema Penitenciario para intentar recuperar el control de las instalaciones y evitar posibles evasiones, mientras las prisiones siguen dominadas por los amotinados.
Villeda ha señalado que los motines han sido coordinados “con el fin de doblegar la autoridad del Estado” por uno de los jefes de Barrio 18, conocido como alias ‘El Lobo’, quien habría planteado una serie de demandas para poner fin a la revuelta. Entre ellas figurarían su traslado desde ‘Renovación 1’ a otro centro, la colocación de aire acondicionado en su celda y la autorización para ingresar comida de determinados restaurantes.
Otro comunicado del Ministerio subraya que “estas acciones son consecuencia de una política clara: en Guatemala no se negocia con terroristas ni con el crimen organizado, tampoco se tolera que grupos que han sembrado violencia pretendan imponer sus condiciones”.
En el mismo escrito, la cartera de Gobernación describe “las alteraciones registradas en los centros penitenciarios” como “una reacción directa a las decisiones firmes de este Ministerio de retirar privilegios a líderes de estructuras criminales y de no acceder a sus presiones ni exigencias”, y anima a la ciudadanía a “informarse únicamente por los canales oficiales”.
El comunicado concluye afirmando que “la seguridad y la paz social de todas y todos los guatemaltecos son prioridad absoluta y se defienden con autoridad, decisión y responsabilidad”.
Estos sucesos se producen tras la fuga, en octubre, de una veintena de integrantes de Barrio 18, un episodio calificado de “inaceptable” por el presidente Arévalo. Entonces anunció el refuerzo de la seguridad del sistema penitenciario, con apoyo del FBI, para corregir deficiencias y combatir la corrupción.
A raíz de aquella evasión presentaron su renuncia el entonces ministro de Gobernación, la viceministra de Asuntos Antinarcóticos y el viceministro de Seguridad. Además, el Gobierno se comprometió a levantar una nueva prisión de máxima seguridad con capacidad para hasta 2.000 internos.