Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Defensoría del Pueblo de Colombia han manifestado su rechazo a las limitaciones anunciadas por el Estado Mayor Central (EMC), principal facción disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que afectan el desempeño de sus funciones en las zonas del país bajo su dominio o influencia.
La coordinadora residente y humanitaria de la ONU en Colombia, Mireia Villar, ha expresado su "profunda preocupación y rechazo" ante "los recientes anuncios sobre posibles restricciones de acceso dirigidas a la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA y la Defensoría del Pueblo", según un comunicado difundido por la oficina del organismo en el país.
"Estas restricciones afectan el trabajo de acompañamiento, monitoreo y protección que estas instituciones desarrollan en favor de la población civil, y limitan la capacidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades más vulnerables y de brindar asistencia esencial de manera oportuna", ha indicado.
Villar ha recalcado que "las organizaciones humanitarias se rigen por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia", y ha insistido en que el respeto a estos criterios es "fundamental" para "evitar confusiones que puedan derivar en restricciones al acceso, aumentando el riesgo tanto para la población civil como para el personal humanitario en terreno".
Asimismo, ha recordado que "la labor humanitaria se centra exclusivamente en responder a las necesidades más urgentes de las comunidades, contribuyendo a su bienestar y protección", y ha instado a "respetar plenamente el espacio humanitario y a garantizar un acceso seguro, oportuno y sin restricciones para todas las instituciones que, en adherencia con estos estándares, trabajan en favor de la población civil".
En la misma línea, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, dirigida por Scott Campbell, ha expresado su "profunda preocupación" por estas medidas y ha subrayado que las entidades afectadas "contribuyen a la prevención y protección de la población civil". "Impedir su accionar limita los derechos de la población civil", ha advertido.
El organismo ha añadido que "reiteramos nuestra exhortación a todo grupo armado no estatal a respetar las obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario, lo que incluye la obligación de respetar la vida, la libertad y la libre circulación de la población en general, incluyendo de todos los funcionarios civiles del Estado y toda persona que integre organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en zonas de conflicto".
Del mismo modo, ha remarcado "la importancia de garantizar el acceso a la justicia con relación a toda presunta violación o vulneración de los Derechos Humanos ocurridos en el contexto de conflicto".
La OEA responde a los "señalamientos" del EMC
A estas críticas se ha sumado la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que ha señalado en un comunicado que "rechaza los comunicados que buscan restringir el apoyo y acompañamiento que brindan en las regiones" los organismos mencionados. Del mismo modo, ha negado "los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor".
La misión ha recordado que, durante sus 22 años de trabajo, ha colaborado con "comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional".
En este contexto, ha alertado de que "las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos", antes de reclamar respeto al Derecho Internacional y que no se "interfiera" en las tareas de los organismos internacionales.
La Defensoría del Pueblo denuncia el impacto sobre las comunidades
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha lamentado el anuncio de las disidencias y ha recalcado que esta decisión "vulnera el Derecho Internacional Humanitario, ya que limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad".
El organismo ha advertido de que "impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento".
Además, ha remarcado que "restringir a la Defensoría del Pueblo no solo afecta el ejercicio de nuestra función constitucional, sino que en la práctica termina castigando a las comunidades. Asimismo, preocupa a la entidad el intento por deslegitimar, obstaculizar o poner en riesgo la labor de sus funcionarias, funcionarios, colaboradores y colaboradoras, quienes, incluso en contextos adversos, desarrollan un trabajo técnico, humano y riguroso orientado a velar por el ejercicio de los Derechos Humanos y el respeto de la dignidad humana".
En este sentido, ha reiterado que sus actuaciones son "imparciales, independientes y autónomas, orientadas a la construcción de paz con respeto de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y la protección de la naturaleza", y ha subrayado que "mantiene su compromiso indeclinable con la protección de la dignidad humana en medio del conflicto armado" y que "continúa en plena disposición de seguir adelantando su labor humanitaria".
El EMC justifica las restricciones a las misiones
El Secretariado del Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo difundió el miércoles un comunicado en el que declaraba "restringido" el acceso de estas misiones a los territorios donde desarrollan su "acción política y militar".
Según el EMC, encabezado por Néstor Gregorio Vera, alias "Iván Mordisco", esta decisión responde a "graves violaciones de confianza y neutralidad" y a que, supuestamente, "acciones humanitarias y de verificación" habrían "sido utilizadas para obtener información" sobre sus posiciones, "facilitando operaciones militares" en su "contra".
El texto añadía que "la Defensoría ha emitido alertas tempranas manipuladas por sus encargados regionales que desconocen u omiten la realidad territorial, sembrando pánico, aversión contra las FARC-EP y convirtiéndose en la justificación de operativos militares", y adelantaba que, en adelante, "solo mantendrán misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC)", siempre que se garantice "neutralidad absoluta, secreto y confidencialidad".