La reciente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de Eslovenia de una ley que concede amplias facultades a las fuerzas del orden para actuar sin mandato judicial en regiones clasificadas como ‘de alto riesgo’ ha generado controversia, particularmente entre las organizaciones de Derechos Humanos que argumentan que esto estigmatiza a la comunidad romaní.
Denominada con el nombre de Ales Sutar, un ciudadano de 48 años fallecido tras un conflicto con un joven gitano, la ley ha sido respaldada por la coalición del partido liberal Svoboda, apoyada por los socialdemócratas y algunos miembros del partido opositor Nueva Eslovenia. Esta normativa, propuesta tras el trágico suceso en la discoteca LokalPatriot de Novo Mesto, busca aumentar la seguridad pública.
«La ley sitúa a la víctima de la violencia en el centro de la protección. El deber del Estado es proteger a la víctima, no a los perpetradores que se aprovechan del sistema en nombre de los Derechos Humanos», explicó el primer ministro Robert Golob. Añadió que la medida no pretende castigar a los más vulnerables, sino proteger a la comunidad de aquellos que violan las normas en perjuicio de todos, enfatizando que en cuestiones de seguridad ‘no hay izquierda ni derecha; todos queremos vivir en un entorno seguro’.
Esta ley ha sido objeto de amplias protestas por considerar que contribuye a la estigmatización de la comunidad romaní. La izquierda ha mostrado su descontento absteniéndose de votar. Matej Taser Vatovec, líder de La Izquierda, señaló que existen muchas incógnitas sobre cómo se supervisarán las actividades policiales.
La Fundación Roma para Europa ha expresado su preocupación, argumentando que la ley ‘trata a toda una minoría como una amenaza para la seguridad’ y plantea ‘serias preocupaciones constitucionales y a nivel europeo’. Mensur Haliti, vicepresidente de la fundación, criticó que la ley reduce el coste político de perseguir a quienes ya están marginados.
En respuesta, desde la Comisión Europea, la portavoz de Igualdad, Eva Hrncírová, ha instado a Eslovenia a asegurar que la aplicación de la ley ‘no afecte de manera desproporcionada a ninguna comunidad y evite crear vulnerabilidades para comunidades que ya están en situación de riesgo’, subrayando la importancia de que las medidas de seguridad ‘respeten plenamente el Derecho de la UE y los derechos fundamentales’.