El primer ministro británico, Keir Starmer, ha comunicado este domingo que Londres ha dado luz verde a la petición estadounidense para emplear bases militares británicas con el fin de atacar y mermar las capacidades de lanzamiento de misiles de Irán.
“La única forma de parar la amenaza es destruir el origen de los misiles, en sus almacenes, o las lanzaderas utilizadas para dispararlos”, ha explicado Starmer en un mensaje grabado difundido este domingo.
El dirigente laborista ha precisado que “Estados Unidos ha solicitado permiso para utilizar las bases estadounidenses con un propósito defensivo específico y limitado” y ha subrayado que el Gobierno británico ha decidido dar su visto bueno a esta solicitud “para evitar que Irán dispare misiles por toda la región, matando a civiles inocentes, poniendo en peligro la vida de británicos y atacando países que no están implicados”.
Starmer ha insistido en que el Reino Unido no participó en los primeros bombardeos contra Irán “y ahora mismo no nos uniremos a la ofensiva”. “Quiero ser muy claro: todos recordamos los errores de Irak y hemos aprendido esas lecciones”, ha añadido, marcando distancias con intervenciones militares pasadas.
El primer ministro también ha confirmado que ya hay cazas británicos desplegados que “ya han interceptado con éxito ataques iraníes”, aunque ha remarcado que el país continúa al margen de la ofensiva militar que llevan a cabo Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.
Según Starmer, “nuestra decisión de que Reino Unido no se implique en los ataques sobre Irán ha sido deliberada. Sobre todo porque creemos que la mejor manera de avanzar para la región y el mundo es una solución negociada” que contemple, entre otros puntos, la renuncia de Teherán al desarrollo de armamento nuclear.
No obstante, ha denunciado el “enfoque aún más imprudente y peligroso para los civiles” por parte de Irán y ha recordado que en la zona residen al menos 200.000 ciudadanos británicos, un factor que, sostiene, respalda la decisión de respaldar las acciones defensivas de Washington frente a esta “amenaza urgente”.
SOBRE LA LEGALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN BRITÁNICA
En paralelo, la oficina de Starmer ha justificado la posición del Ejecutivo, señalando que el objetivo es “exclusivamente poner fin a la amenaza de ataques aéreos y con misiles contra aliados regionales atacados ilegalmente por Irán y que no han participado en hostilidades desde el principio”, y ha recalcado que “esto no indica una mayor participación de Reino Unido en el conflicto en curso entre Estados Unidos, Israel e Irán”.
“Reino Unido condena enérgicamente los imprudentes y continuos ataques indiscriminados del régimen iraní contra países de la región”, comienza el comunicado difundido por el 10 de Downing Street, que sostiene que las acciones de Teherán “exigen una respuesta unida para restablecer la paz y la seguridad y evitar una mayor escalada del conflicto”.
La residencia oficial del primer ministro ha argumentado que “el Derecho Internacional permite a Reino Unido y a sus aliados usar o apoyar la fuerza en circunstancias en las que actuar en defensa propia sea el único medio viable para hacer frente a un ataque armado en curso y cuando la fuerza utilizada sea necesaria y proporcionada”. En esa línea, defiende que Londres protege “su posición en la región” y sus propios intereses, pero también actúa “en defensa propia colectiva de los aliados regionales que han solicitado apoyo”.
El documento detalla que la implicación británica comprende el despliegue de medios militares para interceptar drones y misiles dirigidos contra países que no estaban previamente implicados en el conflicto. Además, el Reino Unido ha atendido una petición de Washington para “facilitar acciones defensivas específicas y limitadas contra las instalaciones de misiles en Irán que participaron en el lanzamiento de ataques contra aliados regionales”.
En este marco, Downing Street ha avanzado que “notificará al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas las medidas pertinentes adoptadas en virtud del Artículo 51 de la Carta de la ONU”, que ampara el derecho de los Estados miembros a la legítima defensa frente a un ataque armado.