Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación a El Salvador se convirtió en uno de los ejemplos más simbólicos de la estricta política migratoria de la Administración de Donald Trump, ha quedado en libertad este jueves tras la orden emitida por una jueza federal en el estado de Maryland.
El equipo jurídico de Ábrego se ha desplazado hasta el centro de detención en Pensilvania donde se encontraba internado para recogerle. “Está en el coche. Ya ha salido del centro”, ha indicado el grupo legal a la cadena de televisión NBC, confirmando así su excarcelación. Minutos antes, su abogado Simon Sandoval-Moshenberg había descrito la decisión judicial como “una victoria extraordinaria” para su defendido y para “el debido proceso”.
En un comunicado difundido por el despacho Murray Osorio, que representa al salvadoreño, se subraya que “La decisión de hoy es una poderosa afirmación de que el Estado de derecho sigue siendo importante. El tribunal ha dejado absolutamente claro que el Gobierno no puede detener a una persona indefinidamente sin autoridad legal”. El texto añade que el equipo legal mantiene “la esperanza de que esto marque un punto de inflexión” para la situación de Ábrego, quien “ha soportado más de lo que nadie debería jamás”.
No obstante, los abogados reconocen que son conscientes de “las anteriores conductas del Gobierno en este caso”, por lo que se mantendrán “atentos para asegurar que nada socava la decisión” adoptada por el tribunal. La jueza Paula Xinis, que ha estimado la petición de la defensa para su puesta en libertad inmediata, ha sostenido en su resolución que “desde que Ábrego García regresó de una detención injusta en El Salvador, ha sido detenido, nuevamente, sin autorización legal”.
En la misma línea, la magistrada ha considerado que las actuaciones de la Administración Trump en este expediente “desmienten que su detención tenga como propósito básico llevar a cabo su deportación” ante la falta de una orden formal de expulsión, algo que “respalda aún más” que Ábrego “ya no debería estar detenido”.
La defensa ha señalado a la Administración Trump por presionar a su cliente para que asumiera una declaración de culpabilidad o aceptara ser expulsado a algún país africano. Entre las posibles destinaciones que manejaba el Gobierno figuraban Liberia y Uganda.
Tras su retorno a Estados Unidos después de ser enviado a El Salvador por un “error administrativo”, Ábrego fue imputado por un delito de tráfico de personas ante un tribunal de Nashville, en el estado de Tennessee. Su arresto se produjo en 2022 durante un control de tráfico, cuando viajaba con nueve personas indocumentadas.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, Ábrego García habría trasladado a migrantes sin papeles dentro de Estados Unidos en más de 100 trayectos entre Texas, Maryland y otros estados del país. Las autoridades también le han vinculado con la banda criminal Mara Salvatrucha, aunque el salvadoreño se declaró no culpable de todos esos cargos.
En un primer episodio, el migrante fue deportado a mediados de marzo y encerrado en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador —un macrocentro penitenciario impulsado por el presidente Nayib Bukele—, hasta que la Justicia ordenó su regreso a territorio estadounidense al concluir que la deportación se había producido por un error administrativo.











