La Procuraduría General de la República de Brasil acusa a Jair Bolsonaro de ser el ‘líder de la organización criminal’ que intentó un golpe de Estado en enero de 2023, después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara las elecciones presidenciales. Se solicita su condena por cinco infracciones, junto a otros siete implicados.
Paulo Gonet, fiscal general, en sus conclusiones finales, imputa a Bolsonaro la manipulación del aparato estatal para ejecutar un plan ‘deliberado’ que buscaba ‘atacar las instituciones públicas’ y obstruir el traspaso de poderes. Señala que Bolsonaro contó con el apoyo de ciertos funcionarios y sectores de las Fuerzas Armadas para desplegar ‘agentes, recursos y poderes del Estado’ en orden de ‘propagar narrativas falsas, provocar inestabilidad social y defender medidas autoritarias’, además de desacreditar el sistema electoral.
En la acusación, que forma parte de los argumentos finales de la Procuraduría, se pide al Tribunal Supremo que condene a Bolsonaro y a los otros acusados por crímenes que incluyen la organización de un grupo criminal armado, intento de destrucción violenta del Estado democrático, intento de golpe de Estado, daños al patrimonio público y deterioro del patrimonio.
Asimismo, critican la actitud de Mauro Cid, exasistente de Bolsonaro, quien a pesar de cooperar con la Justicia, ‘omitió información relevante’ y ‘se resistió al pleno cumplimiento de las obligaciones acordadas’. Aún así, se propone reducir su condena en un tercio en reconocimiento a su colaboración, aunque sea parcial.
El juicio, supervisado por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, está en su etapa final. Si se le encuentra culpable, Bolsonaro podría recibir una pena de más de 40 años de cárcel y ser inhabilitado indefinidamente para ejercer cargos públicos.
En la conspiración también están implicados figuras como el exministro de Defensa Walter Braga Netto; el exministro de Justicia Anderson Torres; el diputado y exdirector de Inteligencia durante el gobierno de Bolsonaro, Alexandre Ramagem; el excomandante de la Marina Almir Garnier; el exjefe de Seguridad Augusto Heleno y el exministro de Defensa Paulo Sergio Nogueira.
El Ministerio Público ha fundamentado las acusaciones en documentos, archivos e intercambios de mensajes y ya ha presentado un informe inicial que señalaba a Bolsonaro como responsable del asalto de enero de 2023. Después de los alegatos finales, la defensa tendrá un periodo para exponer sus argumentos, tras lo cual De Moraes fijará una fecha para el juicio.
Bolsonaro ha declarado en la red social X que es una ‘auténtica caza de brujas’ y una ‘persecución flagrante’ no solo contra él, sino también contra ‘los millones de brasileños’ que representa. ‘Todas las acusaciones son falsas. Nunca he violado la democracia ni la Constitución. Quienes violan la democracia son quienes inventan pruebas, arrestan a inocentes y abusan de su poder para perseguir y silenciar a sus oponentes políticos’, afirmó.
Estas declaraciones responden a una noticia difundida que indicaba que Cid reveló que el exasesor presidencial Filipe Martins presentó el borrador de un documento golpista a Bolsonaro e hizo modificaciones según sus sugerencias.
Los argumentos finales de la Fiscalía también se han hecho públicos después de que el presidente Donald Trump condenara la ‘persecución política’ y la ‘caza de brujas’ contra Bolsonaro.
En enero de 2023, miles de seguidores de Bolsonaro irrumpieron en edificios gubernamentales en Brasilia, alegando que la victoria de Lula había sido fraudulenta.