Este miércoles, el Tribunal Supremo de Brasil (STF) ha expresado su ‘solidaridad’ con Alexandre de Moraes, encargado del caso contra el anterior presidente Jair Bolsonaro por supuesto golpe de Estado, y ha respaldado sus acciones frente a las recientes sanciones de Estados Unidos, argumentando que el procesamiento de tales delitos es ‘competencia exclusiva’ del sistema judicial brasileño.
‘El Tribunal manifiesta su solidaridad con el ministro Alexandre de Moraes’, indica el comunicado en su portal, enfatizando que ‘todas las decisiones tomadas por el instructor del proceso han sido confirmadas por el órgano colegiado competente’.
La corte ha reiterado que ‘el juicio de delitos que implican un grave atentado contra la democracia brasileña es competencia exclusiva de la Justicia del país, en el ejercicio independiente de su función constitucional’, en respuesta a las sanciones impuestas al magistrado por la Administración de Donald Trump por supuestamente realizar ‘procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro’.
Asimismo, el tribunal ha advertido que en el proceso penal contra el exmandatario y otros implicados por golpe de Estado tras los comicios de 2022, se han detectado ‘indicios graves de la comisión de (…) delitos, incluido un plan que preveía el asesinato de autoridades públicas’, haciendo alusión a Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin, y al propio De Moraes.
‘El Tribunal Supremo no se desviará de su función de cumplir la Constitución y las leyes del país, que garantizan a todos los implicados el debido proceso legal y un juicio justo’, ha subrayado la corte.
LULA TACHA DE ‘INACEPTABLE LA INJERENCIA ESTADOUNIDENSE’
Por su parte, el presidente brasileño ha publicado un mensaje en su cuenta de la red social X donde ha descrito como ‘inaceptable la injerencia del Gobierno estadounidense en la justicia brasileña’ y ha mostrado, al igual que el Supremo, ‘solidaridad’ con De Moraes.
Lula ha comentado que las sanciones al magistrado están ‘motivadas por la acción de políticos brasileños que traicionan a nuestra patria y a nuestro pueblo en defensa de sus propios intereses’, en medio de la investigación judicial contra Jair Bolsonaro y su hijo, Eduardo Bolsonaro, por la financiación de una operación en Estados Unidos para defender la inocencia del expresidente.
‘Uno de los fundamentos de la democracia y el respeto por los Derechos Humanos en Brasil es la independencia del Poder Judicial, y cualquier intento de debilitarlo constituye una amenaza para el propio régimen democrático’, ha manifestado, enfatizando que ‘la justicia no se negocia’.
Además, ha calificado como ‘injustificable el uso de argumentos políticos’ para justificar los aranceles impuestos por Washington, anunciando ‘acciones’ para ‘apoyar y proteger a los trabajadores, las empresas y las familias brasileñas’.
El mandatario ha destacado que ‘en Brasil, la ley es para todos los ciudadanos y todas las empresas’ y ‘no es diferente para las plataformas digitales’. ‘La sociedad brasileña rechaza los contenidos de odio, racismo, pornografía infantil, estafas, fraudes, discursos contra los Derechos Humanos y la democracia’, ha resaltado.
Las declaraciones de Lula y del STF han llegado horas después de que la Administración Trump anunciara sanciones contra el juez De Moraes, acusándole de ‘ha utilizado su cargo para autorizar detención arbitrarias previas al juicio y suprimir la libertad de expresión’.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha declarado que el magistrado ‘se ha arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas estadounidenses y brasileñas’ y ha considerado que ‘es responsable de una campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los Derechos Humanos y procesamientos politizados, incluso contra Bolsonaro’.
La nueva medida llegó poco después de que el Departamento de Estado revocara el visado del juez y de sus familiares directos por la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender su inocencia.