Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha ratificado la ley de financiación que concluye con el cierre más extenso del Gobierno federal en la historia del país, que duró 43 días. Este cierre finalizó tras el aval de un conjunto de medidas el lunes en el Senado y el miércoles en la Cámara de Representantes, justo antes de la firma presidencial.
«Con mi firma, el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública (…) y hacer a Estados Unidos asequible de nuevo para todos los estadounidenses», declaró Trump durante el acto oficial.
El presidente calificó el periodo de inactividad como «el cierre demócrata» y criticó a la oposición por «haber infligido un daño masivo» a la nación, mencionando como ejemplo «20.000 vuelos cancelados o retrasados» por la falta de controladores aéreos. Además, lamentó que los demócratas «han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados», un hecho que pidió recordar en las próximas elecciones de mitad de mandato en noviembre de 2026.
Anteriormente, la Cámara de Representantes había aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado dos días antes para poner fin al cierre gubernamental. Este paquete incluye la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. También contempla una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según informa el diario digital The Hill.
Los demócratas que apoyaron la medida en la Cámara de Representantes justificaron su voto por la necesidad de reactivar la financiación federal. Sin embargo, la ley estuvo a punto de enfrentar un obstáculo después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución del Senado que permitiría demandas contra el Gobierno federal por cientos de miles de dólares si se incautaban registros telefónicos en investigaciones federales. El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, prometió gestionar un proyecto de ley urgente para revocar esta cláusula en una votación que se realizaría la semana siguiente.