El Hospital Universitario Sheij Ragheb Harb, situado en la localidad libanesa de Tul, en el sur del país, ha informado este jueves de “graves daños” tras un ataque militar israelí contra un edificio adyacente a sus instalaciones, impacto que ha alcanzado a varias de sus unidades.
En una nota oficial, la dirección del centro ha expresado su “condena” por el bombardeo. “Como resultado el bombardeo provocó graves daños en las instalaciones del hospital, incluido el departamento de cuidados intensivos, además de casos de asfixia entre pacientes y personal que fueron atendidos de inmediato”, ha señalado la administración del hospital.
El centro sanitario ha recalcado que la ofensiva supone una “flagrante violación de las leyes internacionales” y una “amenaza directa” para enfermos y personal médico. Por ello, ha instado a las autoridades competentes y a los organismos internacionales a que “actúen con urgencia” para proteger las infraestructuras sanitarias y garantizar la seguridad de los profesionales de la salud.
“Reafirmamos nuestra continuidad en el desempeño de nuestra misión humanitaria a pesar de todos los desafíos”, ha enfatizado la dirección del hospital.
Amnistía Internacional exige el fin de los ataques a centros médicos
La organización Amnistía Internacional ha reclamado también este jueves a Israel que cese de inmediato sus operaciones contra hospitales, personal sanitario y servicios de emergencia.
La subdirectora de la ONG para Oriente Próximo y Norte de África, Kristine Beckerle, ha denunciado que “Israel está empleando la misma táctica letal que utilizó en Líbano en 2024 para asesinar a decenas de trabajadores sanitarios y devastar los servicios de salud”.
“Las investigaciones previas de Amnistía Internacional destacaron cómo el Ejército israelí llevó a cabo repetidamente ataques ilegales contra centros de salud y personal sanitario durante la escalada de 2024, y exigimos que estos ataques se investigaran como crímenes de guerra”, ha añadido Beckerle.
Críticas a ataques “sin presentar pruebas”
La responsable de Amnistía ha recalcado que “el Ejército israelí también ha atacado repetidamente y de forma ilegal centros de salud y equipos médicos en Gaza, como parte de un patrón más amplio de devastación de servicios esenciales”. “Aún no se ha exigido responsabilidad ni reparación por estas violaciones, y ahora vemos de nuevo a trabajadores sanitarios muertos y heridos”, ha lamentado.
Beckerle ha recordado que “los trabajadores sanitarios están arriesgando la vida para salvar a otros, mientras que hospitales, instalaciones médicas y ambulancias están protegidas de forma específica bajo el Derecho Internacional Humanitario”, antes de advertir que “presentar acusaciones afirmando que las instalaciones sanitarias y las ambulancias son usadas con fines militares sin presentar pruebas no justifica tratar hospitales, centros médicos y transportes sanitarios como campos de batalla y tratar a doctores o paramédicos como objetivos”.
“Bajo el Derecho Internacional Humanitario, las partes en conflicto deben garantizar que distinguen entre objetivos militares y objetivos civiles”, ha manifestado, subrayando que ““los hospitales y los transportes sanitarios solo pierden su protección si se utilizan para actos que se consideran 'perjudiciales para el enemigo', e incluso entonces, solo pueden ser atacados después de que una advertencia que dé tiempo suficiente para la evacuación de pacientes y personal sea ignorada”.
En este sentido, ha insistido en que “en caso de duda sobre si las instalaciones médicas están siendo usadas para contribuir a actividades militares, debe asumirse que no lo están siendo”. “Un ataque contra un centro médico que haya perdido su estatus de protección debe ajustarse a las normas sobre precauciones, distinción y proporcionalidad, y considerar cuidadosamente los efectos adversos que el ataque a instalaciones médicas tiene sobre los civiles, los enfermos y los heridos”, ha explicado.
Ha reiterado además que los civiles “no pierden su estatus de protección solo por su afiliación” y ha añadido que “por tanto, los ataques directos contra personal médico y los que trabajan en protección civil solo porque trabajan para instituciones asociadas con Hezbolá está estrictamente prohibido”.
“Atacar de forma deliberada a personal médico que desempeña funciones humanitarias constituye una grave violación del Derecho Internacional Humanitario y podría considerarse un crimen de guerra”, ha alertado Beckerle, recalcando que “todas las partes deben cumplir con su obligación legal de proteger en todo momento a los civiles, al personal médico, a los pacientes y a la infraestructura sanitaria”. “La protección de la atención sanitaria no es opcional; es una norma ineludible en tiempos de guerra”, ha concluido.