El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha sostenido que la presunta conspiración golpista para desalojar a su Ejecutivo fue “planeada en el exterior” y contaba con “una buena financiación”. Asimismo, ha advertido de que este “complot estratégico” buscaba forzar su salida del cargo de cara a los próximos comicios.
Según ha detallado, los supuestos responsables tenían la intención de servirse de diversos medios de comunicación para avanzar en sus objetivos, además de difundir “análisis legales que cuestionaban medidas gubernamentales”. También contemplaban recurrir a banqueros internacionales para “cuestionar las acciones del primer ministro”, tal y como ha precisado durante una comparecencia ante el Parlamento.
Las pesquisas iniciales apuntan a que este plan para derribar al Gobierno y “socavar las instituciones nacionales” estaba orientado a influir en las elecciones generales previstas para febrero de 2028. De acuerdo con estas investigaciones preliminares, las actividades se habrían coordinado desde fuera del país y se habrían nutrido de “importantes sumas de dinero, con el apoyo de personas dentro de Malasia y acciones estratégicamente planificadas”.
Las declaraciones de Anwar se producen pocos días después de que la Policía confirmara el pasado viernes que ha abierto una investigación sobre posibles maniobras para hacer caer al Ejecutivo malasio. Un informe policial filtrado señalaba a Naimá Abdul Jalid, viuda del exministro de Finanzas Daim Zainudín, aunque ella ha rechazado cualquier participación en estos supuestos intentos de desestabilizar al Gobierno.
En esta línea, las fuerzas de seguridad han indicado que existen indicios de un proyecto para “sabotear la estabilidad nacional”, en el que estarían implicadas figuras malasias “influyentes” y determinados medios de comunicación. Sin embargo, la Policía no ha hecho públicos hasta ahora nombres concretos de personas o compañías.
Por su parte, el portavoz del Gobierno y ministro de Comunicaciones, Fahmi Fadzil, señaló en una rueda de prensa que el caso es “muy grave”, aunque evitó ofrecer más pormenores. La Fiscalía, mientras tanto, ha recalcado la necesidad de llevar a cabo una investigación “profesional y sin injerencias”.
Anwar ha sugerido igualmente que estos planes podrían involucrar a “individuos de grupos sionistas significativos”, si bien ha rehusado identificar de forma directa a posibles actores implicados. Además, ha instado a la oposición a “no apoyar este tipo de iniciativas aunque puedan beneficiarse de ellas”.