Este viernes, la administración bajo el liderazgo de Donald Trump ha presentado una apelación contra la decisión de bloquear temporalmente la federalización y el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Illinois, tras una orden judicial que establece una limitación de 14 días, en medio de controversias por las políticas migratorias en el país.
“El presidente Trump no ignorará la anarquía que azota a las ciudades estadounidenses y esperamos ser vindicados por un tribunal superior”, manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en declaraciones recogidas por NBC News.
Además, Jackson ha lanzado críticas contra JB Pritzker, gobernador demócrata de Illinois, acusándolo de “negarse a intervenir para sofocar los disturbios violentos” en contraste con las medidas adoptadas por Trump para “proteger a los agentes federales”.
El Séptimo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos deberá resolver si el veto de 14 días, que podría extenderse 14 días adicionales si expira el próximo 22 de octubre, se mantendrá tras la decisión de la jueza April Perry.
Perry ha citado en su fallo precedentes de otros tribunales que cuestionan la credibilidad de las pruebas proporcionadas por el Departamento de Seguridad Nacional sobre supuestos crímenes en los estados, generando “dudas significativas” sobre el caso en Chicago.
El litigio surge de una demanda interpuesta por Chicago e Illinois contra Trump y altos funcionarios de su administración, tras la autorización del presidente para movilizar 300 miembros de la Guardia Nacional a Chicago y reubicar otros 400 desde Texas hacia Illinois, Oregón y otros estados.
Pritzker ha declarado que el propósito de Trump con este despliegue es “crear violencia y caos” en la ciudad para “tener un pretexto para invocar la Ley de Insurrección”, que permite al presidente usar fuerzas militares para sofocar una rebelión. “No hay ninguna invasión aquí. No hay ninguna insurrección aquí”, concluyó.















