Ocho gobiernos de mayoría árabe y musulmana, entre ellos Arabia Saudí, Qatar y Egipto, han censurado este lunes la "ilegal" decisión de Israel de modificar la administración de la Cisjordania ocupada, ampliando las atribuciones para autorizar la construcción de asentamientos, confiscar terrenos y asumir el mantenimiento y la gestión de lugares de culto.
El texto conjunto, suscrito por Arabia Saudí, Jordania, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Indonesia, Pakistán, Egipto y Turquía, "condena en los términos más firmes las decisiones ilegales y las medidas de Israel destinadas a imponer una soberanía israelí ilegal, ahondar la actividad en los asentamientos y aplicar una nueva realidad legal y administrativa en la Cisjordania ocupada".
Según el comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores saudí en redes sociales, estas decisiones buscan "acelerar los intentos de anexión ilegal y el desplazamiento del pueblo palestino" y recuerdan que "Israel no tiene soberanía en los territorios palestinos ocupados".
Los países firmantes alertan sobre "las políticas expansionistas y las medidas ilegales del Gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región" y reiteran su "absoluto rechazo a estas acciones ilegales, que suponen una violación flagrante del Derecho Internacional y socavan la solución de dos Estados".
Los ocho Estados, que reafirman su respaldo a la creación de un Estado palestino, sostienen que las medidas israelíes son "nulas" y que "constituyen una clara violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", las cuales "condenan todas las medidas israelíes destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus del territorio palestino desde 1967".
En esta misma línea, insisten en "la necesidad de poner fin a la ocupación israelí y la nulidad de la anexión de los territorios palestinos" y reclaman a la comunidad internacional que "cumpla sus responsabilidades legales y morales y fuerce a Israel a detener esta peligrosa escalada en la Cisjordania ocupada y las declaraciones de incitación emitidas por sus funcionarios".
Los firmantes concluyen que "La materialización de los derechos legítimos del pueblo palestino a la autodeterminación y a contar con un Estado, a partir de la solución de dos Estados (...) sigue siendo el único camino para lograr una paz justa y exhaustiva que garantice seguridad y estabilidad en la región".
La reforma, aprobada por el gabinete de seguridad israelí, fue presentada por los ministros de Finanzas y Defensa, Bezalel Smotrich e Israel Katz, como un cambio "dramático" en Cisjordania, al transferir a las autoridades israelíes competencias sobre el territorio y las licencias de construcción en la ciudad de Hebrón, alterando el arreglo vigente desde 1997, que exigía la aprobación conjunta palestina e israelí para cualquier nueva edificación.
Smotrich y Katz indicaron que la finalidad es "eliminar barreras vigentes desde hace décadas, derogar una legislación jordana discriminatoria y facilitar el desarrollo acelerado de asentamiento". "Vamos a eliminar barreras, a generar seguridad legal y civil y a permitir a los colonos vivir, construir y desarrollarse en igualdad con todos los ciudadanos de Israel", afirmaron.
El plan contempla también hacer públicos los registros de propiedad de tierras en Cisjordania, hasta ahora confidenciales, para que cualquier interesado pueda localizar a las propietarias de una parcela y plantearles una oferta de compra. Además, anula una disposición heredada de la etapa de control jordano que vetaba la adquisición de tierras por personas no musulmanas y establece una "autoridad municipal específica" para la gestión de la Tumba de Raquel, en Belén, encargada de la limpieza y el mantenimiento del enclave.
Asimismo, la iniciativa amplía las competencias de seguridad israelí en las zonas A y B definidas en los Acuerdos de Oslo, que debían quedar bajo control civil palestino (A) y control mixto (B), en materias como recursos hídricos, protección de yacimientos arqueológicos y daños ambientales o contaminación, unas medidas fuertemente rechazadas por la Autoridad Palestina y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).