QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El mandatario boliviano, Luis Arce, expresó su descontento este miércoles en redes sociales respecto a las recientes resoluciones judiciales que han beneficiado a ciertos líderes opositores, incluida Jeanine Áñez, destacando que la justicia aún adeuda a las víctimas de la crisis de 2019.
Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial, publicó Arce en su perfil de X.
Recientemente, la justicia en Bolivia canceló el caso contra Áñez por la masacre de Senkata, aunque la ex mandataria continúa detenida por otros procesos en curso, uno de ellos con condena firme de diez años por el caso Golpe II.
Áñez es señalada de haber dirigido una represión que resultó en la muerte de aproximadamente veinte personas y más de 200 lesionados durante las manifestaciones que siguieron a la renuncia de Evo Morales, presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, quien después se exilió a México.
Asimismo, en Sacaba, una localidad de Cochabamba, se produjo otra trágica situación durante dichos conflictos. Áñez deberá aguardar hasta este viernes para saber su estado legal después de que se aplazara la audiencia prevista para este martes.
Arce, enfatizando su absoluto respeto a la independencia judicial, ha instado a los jueces a que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando la dignidad de las víctimas.
El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta (…) Ellas merecen determinaciones justas y oportunas, señaló el presidente.
Para concluir, Arce reiteró el compromiso de su gobierno, que está próximo a concluir, de honrar la memoria de los fallecidos y apoyar a quienes aún buscan justicia.
Además de Áñez, la justicia boliviana también decidió recientemente a favor del ex gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, otorgándole arresto domiciliario, y a Marco Antonio Pumari, su colaborador cercano, concediéndole la libertad. Ambos fueron acusados de encabezar protestas violentas en una región que tradicionalmente ha sido crítica con los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS).
