El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha criticado este martes a la Fiscalía del país por no haber presentado “los cargos correspondientes” contra dos individuos arrestados en el marco de los operativos policiales desplegados tras los recientes motines en cárceles y los ataques coordinados contra agentes perpetrados por pandillas.
“El Ministerio Público se ha negado a hacer los cargos correspondientes y ha pedido que se los consignara solo por portación de armas y narcomenudeo”, ha lamentado Arévalo en una entrevista con la cadena CNN.
El jefe del Ejecutivo guatemalteco ha ido un paso más lejos y ha responsabilizado al Ministerio Público, que por ahora no ha respondido a estas acusaciones, de estar “cooptada por redes político-criminales que no imparten justicia, sino que reparten impunidad para permitir que se continúe la corrupción en todos los distintos niveles”.
En paralelo, Arévalo ha explicado que la oleada de motines y agresiones contra las fuerzas de seguridad constituye, a su juicio, una reacción de las principales estructuras criminales del país frente a las acciones impulsadas por su Gobierno para recortar su poder dentro de los centros penitenciarios.
Asimismo, ha subrayado que el pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias ‘El Lobo’, identificado como líder de Barrio 18 y señalado por las autoridades como el principal responsable de coordinar los disturbios en las prisiones, “quería generar la crisis política tomando las cárceles y arrastrando seguramente una crisis de rehenes, tuvo en 24 horas una respuesta”.
Al mismo tiempo, el mandatario ha puesto en valor que la reacción de las fuerzas de seguridad frente a los ataques de las pandillas se ha saldado con la captura de 22 supuestos integrantes de estas organizaciones, además de la incautación de un número no precisado de armas, 205 motocicletas y 73 vehículos.
Las palabras de Arévalo llegan en pleno estado de sitio en el país centroamericano, una medida decretada por el propio presidente por un periodo de 30 días y posteriormente ratificada por el Congreso, con el objetivo de hacer frente a las pandillas señaladas como responsables de los motines y de las agresiones contra las fuerzas del orden.