El ejecutivo argelino ha calificado de ‘maniobra grosera’ la acusación interpuesta por la junta militar de Malí en su contra ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y ha anunciado que enviará una notificación al tribunal desestimando dicha acusación, antes de criticar a Bamako por ‘mentir’ respecto al caso planteado.
Desde el Ministerio de Exteriores de Argelia, se ha manifestado que resulta ‘paradójico’ que ‘la junta maliense, que ha vulnerado la legalidad y el orden constitucional de su propio país, se muestre preocupada por una ley que en el ámbito interno infringe y que erróneamente alega respetar internacionalmente’, según se expresa en un comunicado en su perfil de una red social.
El gobierno argelino ha recalcado que la junta ha sumido a Malí en una crisis política, económica y de seguridad, siendo el propio régimen el promotor de ‘la bancarrota moral’. Asimismo, ha enfatizado que la denuncia ante la CIJ ‘es claramente un intento de utilizar este respetable órgano judicial de las Naciones Unidas en un desesperado intento por hallar un chivo expiatorio que le exima de sus responsabilidades en la tragedia que está ocasionando a Malí’.
Argelia, manteniendo un elevado concepto del Derecho Internacional y un profundo respeto por la CIJ, ha declarado que ‘no será cómplice de tal maniobra y denuncia su flagrante naturaleza’, y ha subrayado el compromiso de notificar a la CIJ su rechazo a esta maniobra distractiva, tal y como ha señalado el Ministerio de Exteriores.
La CIJ recientemente ha indicado que no ha habido avances respecto a la solicitud de Malí, que exige que Argelia reconozca la jurisdicción del tribunal sobre el caso, particularmente tras el incidente del derribo de un dron maliense por parte de Argelia cerca de la frontera común. El caso sólo continuará si Argelia acepta la jurisdicción de la corte, según ha afirmado la CIJ.
La demanda maliense también resalta la urgente necesidad de que ‘los Estados que fomentan y exportan el terrorismo en el Sahel cesen de constituir una amenaza para la paz y seguridad regionales’, acusando a Argelia de violar su espacio aéreo y de no responder a múltiples solicitudes de pruebas relacionadas con la supuesta violación por el dron mencionado, argumento utilizado por Argel para su derribo.
















