El ministro de Exteriores argentino, Pablo Quirno, ha anunciado este domingo la puesta en libertad del suboficial de la Gendarmería argentina Nahuel Gallo, arrestado en Venezuela desde diciembre de 2024 y encausado por las autoridades venezolanas por presuntos “vínculos con el terrorismo”.
Quirno ha informado de la novedad mediante un comunicado difundido en redes sociales, en el que ha precisado que el uniformado, que desde el 8 de diciembre de 2024 se encontraba “en situación de desaparición forzada”, ya ha salido de territorio venezolano.
El responsable de la diplomacia argentina ha expresado su “reconocimiento” a varios gobiernos “aliados” y ha resaltado de forma especial el “firme apoyo” de Italia y de Estados Unidos, cuyo respaldo fue clave para incrementar la presión sobre Caracas y lograr la liberación de Gallo. También ha subrayado que el trabajo de la ONG venezolana Foro Penal ha sido “fundamental” en todo el proceso.
En el mismo comunicado, el ministro ha aprovechado para reclamar la “inmediata liberación” de otros detenidos por el Gobierno venezolano, mencionando de forma expresa al ciudadano argentino Germán Giuliani, y recordando que “la privación ilegítima de la libertad y la desaparición forzada constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos que no pueden ser toleradas por la comunidad internacional”.
Gallo fue arrestado cuando trataba de ingresar a Venezuela por carretera desde Colombia con el supuesto objetivo de reencontrarse con su esposa, de nacionalidad venezolana, y con la hija de ambos. Las autoridades de Caracas han rechazado esta versión y lo han señalado como parte de una conspiración internacional contra el presidente Nicolás Maduro, que permanece en Nueva York desde que el pasado enero fuese capturado en un ataque de Estados Unidos contra la capital venezolana que se saldó con un centenar de muertos.
El anuncio de su excarcelación se produce después de que, a finales de febrero, la Asamblea Nacional de Venezuela diera luz verde a una ley de amnistía que permite liberar a personas acusadas de delitos cometidos desde 1999 y por la que, según el Gobierno venezolano, ya se han presentado 1.557 solicitudes. La normativa se articula en torno a trece episodios enumerados en el artículo 8, entre los que figuran el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero de 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004 y diversas oleadas de protestas contra el Ejecutivo en 2007, 2013, 2017 y 2024.