Argentina inicia la desclasificación de archivos secretos de la última dictadura

La SIDE argentina comienza a desclasificar archivos secretos de 1973-1983, en línea con un decreto de 2010 y bajo el actual Gobierno de Javier Milei.

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La Casa Rosada (Buenos Aires, Argentina) en una imagen de archivo Europa Press/Contacto/Virginia Chaile

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La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) de Argentina ha puesto en marcha este jueves la apertura de archivos reservados correspondientes al periodo 1973-1983, coincidiendo con la cercanía del 50.º aniversario del último golpe de Estado que dio origen a la última dictadura cívico-militar argentina, vigente entre 1976 y 1983.

En esta fase inicial se han difundido 26 documentos oficiales que suman 492 páginas, además de una guía explicativa sobre el proceso de desclasificación. Así lo ha detallado el Gobierno argentino en un comunicado, en el que ha subrayado que esta medida forma parte de una política destinada a “fortalecer la institucionalidad del Sistema de Inteligencia Nacional y su vínculo responsable con la sociedad”.

El material divulgado incluye resoluciones, informes, circulares, memorandos y directivas, ordenados en tres grandes carpetas: orgánicas, misiones y funciones de la SIDE; normativa interna; y comisión asesora de antecedentes.

La propia Secretaría ha remarcado que esta apertura de archivos, que cubre el tramo histórico que va desde el tercer y último gobierno de Juan Domingo Perón hasta el final de la última dictadura argentina, supone un gesto “ético, político y social” que “refuerza el compromiso con la transparencia institucional frente a la ciudadanía”, en un escenario en el que “abunda la desinformación”. En este sentido, la SIDE ha defendido que “la publicación de archivos históricos fortalece la credibilidad institucional, ayuda a desmitificar teorías conspirativas y demuestra compromiso con la verdad”.

La medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, fue dada a conocer el 24 de marzo de 2025 por el entonces portavoz presidencial, Manuel Adorni, con motivo del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Sin embargo, se apoya en un decreto firmado en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández, que ya preveía la difusión de la totalidad de los archivos correspondientes a ese periodo.