Argentina solicita la anulación de una decisión judicial en EE.UU. sobre YPF, calificándola de ‘jurídicamente inaplicable’

La administración argentina ha pedido a la corte estadounidense que anule su reciente decisión que instruía a Argentina a transferir el 51% de las acciones de la compañía petrolera estatal YPF a los fondos Burford y Eton Capital como retribución a los afectados en el litigio por la nacionalización de la firma en 2012, y ha declarado que impugnará la resolución.

‘El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza (Loretta) Prezka y trabaja en la apelación’, indicó el representante gubernamental Manuel Ardoni a través de su perfil en la red social X, un pedido que la capital argentina ha hecho llegar en una misiva a la jueza, tal como informa el periódico ‘Página 12’.

Ardoni sostuvo que la ‘sentencia (…) es jurídicamente inaplicable’, argumentando que la transferencia de acciones de YPF ‘exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana’. ‘Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles’, afirmó.

La orden de la magistrada del distrito de Nueva York requiere que el gobierno argentino deposite las acciones de clase D de YPF en una cuenta de custodia global en ‘Bank of New York Mellon Corporation’ dentro de los 14 días siguientes a la emisión de la orden.

Este veredicto es parte de un proceso legal que previamente obligó a Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares (13.588 millones de euros).

Desde 2012, Argentina ha mantenido el control sobre YPF a través de su mayoría accionarial, lo que incluye la aprobación de proyectos o la selección de su junta directiva. Este control se instauró durante la presidencia de Cristina Fernández, quien desde el 17 de junio cumple una condena de seis años de prisión en su residencia en Buenos Aires por cargos de corrupción.

Por esta razón, los dos fondos alegaron que en el momento de la nacionalización, el Estado debía haber presentado una oferta de compra por la totalidad de la empresa, conforme lo estipulaba el estatuto, y no solo por una parte. Burford Capital había exigido en abril de 2024 el control de dichas acciones junto con embargos y otras medidas.