La Justicia de El Salvador ha iniciado el proceso judicial contra 492 personas señaladas de integrar la Mara Salvatrucha (MS-13), entre las que figuran varios de sus fundadores y cabecillas. Se trata del primer macrojuicio de estas características contra la cúpula de una pandilla en el país.
Entre los miles de delitos que se atribuyen a la mara figuran órdenes de asesinato contra al menos 87 personas en un único fin de semana de marzo de 2022. Ese episodio llevó al presidente Nayib Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas y a imponer un estado de excepción que, hasta ahora, ha derivado en más de 91.000 arrestos.
La Fiscalía General de El Salvador ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales que a los procesados se les imputan alrededor de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, de los cuales unos 29.000 corresponderían a homicidios.
La MS-13 y su banda rival, Barrio 18, junto con sus distintas facciones, están catalogadas como organizaciones terroristas tanto por Estados Unidos como por El Salvador. Según ha sostenido el propio presidente salvadoreño, estas estructuras llegaron a dominar cerca del 80% del territorio nacional y acusa a la mara de "rebelión" por tratar de conservar el control territorial para levantar "un Estado paralelo".
Bukele mantiene su defensa de la ofensiva contra las pandillas, en virtud de la cual sus miembros pueden ser detenidos sin orden judicial previa, lo que ha supuesto el encarcelamiento de miles de personas. El mandatario también ha rechazado siempre haber pactado con las pandillas, pese a que en septiembre de 2020 el medio 'El Faro' difundió una investigación en ese sentido. A ello se añade la acusación de Estados Unidos sobre la existencia de un diálogo encubierto precisamente con la MS-13.