Un total de 91 simpatizantes anarquistas han sido arrestados este domingo en Roma con el objetivo de impedir su presencia en una manifestación declarada ilegal en homenaje a los anarquistas Alessandro Mercogliano y Sara Ardizzone, fallecidos el viernes 20 de marzo mientras manipulaban un artefacto explosivo en las afueras de la capital italiana.
La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha comunicado los 91 arrestos y ha utilizado lo ocurrido para respaldar la necesidad del Decreto de Seguridad promovido por su Ejecutivo.
“La detención preventiva de 91 individuos del movimiento anarquista, considerados peligrosos y que llegaron a Roma para una manifestación no autorizada en memoria de los dos anarquistas muertos el 19 de marzo en la explosión de una bomba que estaban preparando, confirma la necesidad de esta medida”, ha señalado Meloni en un mensaje difundido en redes sociales.
La nueva normativa ha recibido duras críticas por parte de sus detractores, que sostienen que criminaliza la protesta social, restringe el derecho de reunión y refuerza en exceso las atribuciones de la Policía.
“No sirve para limitar la libertad de manifestación, como afirmaban ciertos grupos de izquierda. Por el contrario, sirve para garantizar que las manifestaciones se desarrollen de forma pacífica y no violenta, tal como exige la Constitución, y para proteger a quienes deseen ejercer ese derecho de manera civilizada, sin violencia y sin devastación”, ha defendido Meloni.
Pese a la prohibición, la concentración se ha llevado a cabo y alrededor de 60 personas han participado en un acto en el parque Modesto di Veglia, donde se ha depositado un ramo de flores en memoria de los dos fallecidos, bajo un amplio dispositivo de seguridad con presencia de agentes y unidades especiales. Todos los asistentes han sido identificados.
Además, varios grupos de simpatizantes fueron interceptados en los accesos al parque y 91 personas acabaron detenidas con autorización de la Fiscalía para proceder a su identificación en comisaría y estudiar la posible emisión de órdenes de expulsión del territorio italiano.
La Policía ha defendido la prohibición de la protesta por “ser contraria a los valores de coexistencia civil y democrática y dada la inclinación ideológica del anarchismo contra el orden establecido” y por “exaltar una conducta como la del montaje de una bomba con fin de perpetrar graves actos criminales”.
El suceso mortal tuvo lugar el 19 de marzo en un edificio abandonado situado en una granja de la periferia romana, al sureste de la ciudad y próximo al Parque de los Acueductos, según ha detallado la Fiscalía.
Las víctimas serían integrantes de la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI-FRI), organización a la que pertenece el preso anarquista Alfredo Cospito, condenado a 23 años de cárcel por un atentado sin víctimas. La identificación de los cuerpos resultó compleja por la magnitud de las lesiones, especialmente en el caso del hombre, que habría perdido una mano, y fueron los tatuajes los que permitieron confirmar quiénes eran.
Mercogliano, de 53 años y natural de Nola, en la provincia de Nápoles, ya había sido condenado en el macrojuicio antiterrorista contra anarquistas celebrado en 2019. Ardizzone, de 36 años y originaria de Roma, también fue investigada, aunque terminó absuelta en un proceso judicial en Perugia el año pasado.