El Tren de Aragua se ha convertido en la organización delictiva más dominante de Venezuela, extendiendo su influencia a varias regiones de América Latina y llegando a tener presencia en Estados Unidos. La administración de Donald Trump ha clasificado a este grupo como una entidad terrorista y, desde el lunes, lo ha marcado como objetivo militar, evidenciado en un reciente ataque a una nave sospechosa de transportar drogas, donde murieron once personas.
La formación de esta banda se originó hace veinte años, durante la edificación del segmento del Ferrocarril de Venezuela que atravesaba Aragua y Carabobo. La coerción por parte de algunos sindicalistas en las obras derivó en actos delictivos más graves, consolidando una red criminal robusta al finalizar la construcción en 2011, según reportes de la Policía Nacional.
Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, tomó el control del grupo desde el Centro Penitenciario de Aragua, en Torocón, un lugar que operaba como una ciudad fuera de la ley, donde ‘Niño Guerrero’ dirigía sin restricciones. La política no oficial de permitir que criminales manejen algunas cárceles facilitó que este centro penitenciario incluyera un zoológico, piscina, parque infantil, restaurante y club nocturno, de acuerdo a Insight Crime.
Con el tiempo, El Tren de Aragua amplió su territorio a otras áreas de Venezuela formando alianzas con bandas menores y extendiendo su catálogo de crímenes, que ya incluía extorsión, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, contrabando, minería ilegal, robo y tráfico de drogas inicialmente a pequeña escala.
En 2018, el grupo explotó la inseguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela para intentar establecerse en una zona gris entre el estado de Táchira y el departamento de Norte de Santander, enfrentándose incluso con bandas del país vecino. Esta frontera ha sido tradicionalmente vulnerable legalmente, frecuentemente usada para el contrabando y la migración.
La diáspora venezolana también ha facilitado la expansión del Tren de Aragua en otros países latinoamericanos, estableciéndose miembros en Colombia, Perú y Chile.
ESTADOS UNIDOS AUMENTA LA PRESIÓN
Desde que el líder de la banda escapó de la prisión de Torocón en septiembre de 2023, el Gobierno de Estados Unidos ha incrementado sus esfuerzos, ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de dólares (4,3 millones de euros) por información que conduzca a su captura o condena. La administración actual, liderada nuevamente por Trump, ha intensificado la presión clasificando al grupo como terrorista.
Trump ha culpado al Gobierno de Nicolás Maduro por las operaciones del cártel y ha intensificado su postura con un ataque en el Caribe a una embarcación que supuestamente llevaba drogas procedentes de Venezuela. ‘Espero que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando traer drogas a Estados Unidos’, declaró el mandatario.