La Justicia australiana ha ratificado este martes la extradición a Chile de Adriana Rivas, que trabajaba como niñera en el barrio de Bondi, en Sídney, y que afronta en el país sudamericano siete imputaciones de “secuestro agravado” por hechos ocurridos durante la dictadura de Augusto Pinochet, cuando habría actuado como presunta exagente del régimen.
El magistrado Michael Lee ha rechazado un recurso presentado por la defensa de Rivas ante el Tribunal Federal de Sídney, en el que se alegaba que, de ser enviada a Chile, podría ser procesada por crímenes de lesa humanidad en lugar de limitarse a los siete cargos de “secuestro agravado”, según ha informado la cadena australiana ABC News.
“La argumentación de la solicitante, basada en fragmentos selectos de los documentos de extradición, incluido el informe de antecedentes emitido por el Tribunal Supremo de Chile, para sostener que el delito en cuestión debe calificarse como crimen de lesa humanidad es, con el debido respeto, errónea”, señala la resolución judicial.
El juez ha precisado que, en la petición de entrega cursada por las autoridades chilenas, las menciones a crímenes de lesa humanidad se realizan “a efectos de las circunstancias fácticas en que se produjo la presunta conducta y las consecuencias jurídicas que de ella se derivan”, dado que este tipo de delitos son imprescriptibles.
Rivas, de 72 años, fue detenida en febrero de 2019 tras residir en Australia durante más de tres décadas, tiempo en el que trabajó como niñera y limpiadora en Bondi. Desde su arresto mantiene una prolongada batalla en los tribunales para impedir su extradición.
Chile solicitó en 2018 a las autoridades australianas la entrega de Rivas —quien supuestamente integró la brigada de exterminio Lautaro, adscrita a la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) chilena— por su presunta implicación en el “secuestro agravado” en 1976 de Víctor Díaz, entonces subsecretario del Partido Comunista, y de otros seis militantes.